La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), arremetió contra el Gobierno después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciara una investigación contra tres generadoras de energía por presuntas conductas contra la libre competencia.
La presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, aseguró que esta investigación es “el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador”. Lea aquí: SIC abre investigación a tres generadoras de energía: esta es la razón
A través de sus redes sociales, Gutiérrez sostuvo que durante la administración de Gustavo Petro, el sector ha sufrido de la imposición de cargas, amenazas y señalamientos públicos, comparaciones con actividades delictivas, cambios constantes en las reglas del mercado, y desconocimiento de la institucionalidad técnica.
Además, la líder gremial indicó que estas situaciones se suman al debilitamiento de la inversión, el deterioro de la confianza y los constantes riesgos de abastecimiento que presuntamente habrían sido producto de las decisiones del Gobierno.
“Ahora, a pocos días del cambio de Gobierno, la SIC y la Superservicios intensifican investigaciones y anuncios con los que pretenden instalar la narrativa de que los generadores son responsables de una crisis originada, en buena medida, por decisiones y omisiones del Gobierno de Gustavo Petro”, indicó Gutiérrez.
Ante estos hechos, la presidenta de Acolgen solicitó a la Procuraduría ejercer acompañamiento preventivo a las actuaciones investigativas sobre el sector con el fin de garantizar independencia técnica, evitar cualquier instrumentalización política y proteger la presunción de inocencia, la imparcialidad y el debido proceso.
“La vigilancia estatal es legítima; la persecución institucional y el prejuzgamiento público no lo son”, concluyó Gutiérrez.
La investigación de la SIC
Recientemente, la SIC formuló pliego de cargos contra Enel Colombia, Aes Colombia y Celsia Colombia por presuntas conductas contra la libre competencia, específicamente relacionadas con presuntos incrementos significativos en el precio de la energía eléctrica transada en la Bolsa de Energía.
La investigación adelantada por el ente de control, que surgió a partir de denuncias presentadas por el Ministerio de Minas y Energía en enero de 2022, permitió identificar indicios de que las empresas habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio en la Bolsa de Energía sin tener las debidas justificaciones económicas, técnicas y operativas.