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IVA a medicina prepagada saldría de la reforma: hay acuerdo entre el Congreso y el Gobierno

La discusión sobre el proyecto de ley de rescate económico continúa en el Congreso.

IVA a medicina prepagada saldría de la reforma: hay acuerdo entre el Congreso y el Gobierno

Imagen de referencia del Congreso de la República. // Foto: Colprensa - Catalina Olaya.

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El proyecto de ley de rescate económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa sin avanzar en el Congreso de la República, en medio de las diferencias entre el Ejecutivo y las distintas bancadas sobre los mecanismos para aumentar los ingresos fiscales. Hasta ahora no existe un acuerdo sobre la ponencia y tampoco se han programado las sesiones para iniciar su discusión, pese al limitado tiempo disponible para tramitar la iniciativa.

Uno de los principales cambios que ha generado movimientos en la negociación es la decisión del Gobierno de retirar el IVA a productos esenciales de la canasta familiar, entre ellos el café, el tomate, la cebolla y los alimentos para mascotas. La propuesta obligó a los congresistas a revisar otras fuentes de financiación que permitan compensar los recursos que dejaría de recibir el Estado.

La discusión sobre el impuesto a las ventas también ha encontrado resistencia frente a los planes complementarios y la medicina prepagada. En las comisiones económicas hay coincidencias para excluir estos servicios del gravamen, una posición defendida por el representante Santiago Castro, del Centro Democrático, y el senador Gustavo Moreno, de la ASI, quienes consideran que cobrarles IVA supondría una doble tributación para personas que ya contribuyen al sistema de salud.

Según explicó Castro, las proyecciones presentadas por el Ministerio de Hacienda a los ponentes muestran que el Ejecutivo empezó a retirar este cobro de sus planteamientos, por lo que su exclusión del articulado estaría entre los cambios previstos. A esta petición se suma la eliminación del IVA para tractores y otros insumos agrícolas, debido al impacto que tendría el encarecimiento de estos elementos sobre los costos de producción de alimentos.

El Partido Liberal también estableció condiciones frente a los impuestos al consumo. El senador Álvaro Monedero manifestó su rechazo a aumentar las cargas sobre las bebidas azucaradas, las bebidas edulcoradas y la cerveza. Según explicó, estos productos representan hasta el 60 % de las ventas de las tiendas de barrio y advirtió que elevar el precio de una cerveza de $2.500 a $4.500 afectaría el consumo, los ingresos departamentales y favorecería el comercio ilegal.

Desde Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a las alternativas planteadas por los congresistas y señaló que el Gobierno respalda dos de ellas: desprenderse de activos improductivos y establecer que quienes tengan mayores recursos aporten más. Esta postura abrió otro frente de discusión sobre la posibilidad de vender participaciones estatales para conseguir financiación.

El representante Santiago Castro respaldó incorporar la enajenación de activos dentro de los tres componentes del ajuste fiscal, junto con la reducción del gasto público y la búsqueda de nuevos ingresos.

Entre sus propuestas mencionó la venta del 8,9 % autorizable de Ecopetrol, participaciones en ISA, electrificadoras regionales y activos del Grupo Bicentenario. También planteó que el dinero obtenido se utilice exclusivamente para amortizar la deuda pública y reducir de manera permanente el pago de intereses, aunque defendió que el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro permanezcan bajo control estatal.

La posibilidad de vender acciones de Ecopetrol, sin embargo, no cuenta con respaldo de todos los sectores políticos. El senador Gustavo Moreno rechazó esa alternativa y sostuvo que «el palo no está para cucharas», al considerar que desprenderse de participaciones de la petrolera en su actual situación económica equivaldría a «regalarla». En su lugar, propuso eliminar entidades estatales con funciones duplicadas y mencionó a la USPEC, cuya operación, según indicó, cuesta cerca de $2,3 billones anuales y repite tareas que también desarrolla el INPEC.

¿Qué alternativas proponen para aumentar el recaudo de impuestos en Colombia?

Entre las opciones para conseguir ingresos permanentes aparecen un impuesto al uso industrial del agua, con exclusión de las actividades agrícolas, agroindustriales y el consumo residencial, cuyo recaudo se calcula en $1,5 billones. También se estudia una sobretasa a los planes de telefonía celular superiores a $40.000 mensuales, con una proyección de $2,5 billones, y nuevos gravámenes a la nómina y los parafiscales aplicables únicamente a salarios superiores a $9 millones. A estas alternativas se agregan un incremento gradual de los impuestos a los licores y cobros a plataformas de alquiler informal como Airbnb y de comercio electrónico como Temu.

Otra fuente de financiación planteada por los legisladores es reforzar las acciones de la DIAN contra la evasión tributaria, un fenómeno cuyo monto se estima en $71 billones. Entretanto, para compensar los recursos que dejaría de recaudar el Estado con la eliminación del IVA a productos de la canasta familiar, el Centro Democrático propone conservar impuestos dirigidos a determinados sectores, con una expectativa de ingresos de entre $8 billones y $10 billones.

Entre las medidas figuran mantener el IVA a los vehículos eléctricos e híbridos, gravar las compras postales inferiores a US$200 e imponer aranceles a productos importados de países sin Tratado de Libre Comercio con Colombia, como China, Vietnam e India.

Los congresistas también consideran que la situación de las finanzas públicas impide aplicar de inmediato la prometida reducción de la tarifa del impuesto de renta para las empresas. De igual manera, el desmonte del gravamen del 4 por 1.000 tendría que aplazarse aproximadamente dos años y ejecutarse progresivamente, con reducciones de 0,5 % o 1 % por año.

Mientras continúan las diferencias sobre el alcance de la reforma tributaria, durante toda la semana se desarrollarán mesas de trabajo técnico entre el Gobierno y los legisladores. El propósito de estos encuentros será construir el borrador de la ponencia para el primer debate, paso que todavía no tiene una fecha definida dentro del trámite legislativo.

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