La Defensoría del Pueblo anunció ayer que está en proceso de coordinación para acatar la decisión judicial emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas que ordenó la intervención del organismo como garante del nuevo proceso de selección a la Maestría en Derecho de la de la Universidad de Cartagena.
Irina Junieles, defensora del regional Bolívar, indicó que la semana pasada, antes de conocer el fallo, envió un oficio a la Universidad de Cartagena para solicitar documentación referente al caso y la institución de educación superior le envió la documentación requerida, entre ellos el Acuerdo 03 de 2013 por el que se creó el programa de posgrado.
La funcionaria también manifestó que está haciendo las averiguaciones respecto a los términos en lo que se debe dar cumplimiento a la decisión y que la universidad establezca la fecha de incio del nuevo proceso de selección para designar un profesional, que en cabeza de su persona hará el acompañamiento requerido.
“Nos han pedido que elaboremos informes respecto al proceso, con destino al juzgado”, manifestó Junieles, quien agregó que “esperamos que la decisión judicial le permita a la Universidad de Cartagena hacer una autoevaluación de los procedimientos que está aplicando, pues se espera que en los centros universitarios se implementen con mayor rigor la normas, especialmente si se trata de una facultad de Derecho”.
Daniel Monterrosa, aspirante no admitido, expresó a este medio que las irregularidades de la facultad de Derecho en la escogencia de los admitidos ha afectado no solo a los aspirantes no seleccionados, sino también aquellos que sí lo hicieron pues deberán iniciar el proceso. “Hay personas que sí pasaron de conformidad y que merecen estar ahí, lo doloroso es que ellos también se vieron afectados”, indicó el aspirante, quien asegura que participará en la nueva selección.
