La pandemia de la COVID-19 causó estragos en todos los sectores de la sociedad, desde los más previsibles como la salud pública, hasta aquellos como el empleo, el desarrollo económico o la educación. Dentro de este panorama, el sector privado a nivel global enfocó sus programas de responsabilidad social en iniciativas dirigidas a beneficiar a poblaciones vulnerables en medio de la coyuntura.
¿Qué tal fue el aporte en el país? Para responder a esa pregunta, específicamente en torno al año 2020, la firma Jaime Arteaga y Asociados (JA&A) realizó este año una encuesta a diversas compañías nacionales con el objetivo de mapear el impacto social del sector privado.
Indicadores
A través de lo que se denomina Índice de Inversión Social Privada (IISP), la firma mide los siguientes aspectos:
1. Alineación: qué tanto se relaciona la inversión social con el modelo de negocios de la empresa.
2. Gestión de la inversión: en qué utiliza la empresa su inversión y qué tan bien documentada está.
3. Sinapsis: interés de las empresas en crear alianzas con otros entes públicos y privados en sus programas de responsabilidad social.
4. Focalización: qué tan centrada está la empresa en beneficiar a poblaciones rurales y vulnerables.
5. Reconocimiento: reputación de la empresa en términos de responsabilidad social.
El estudio define la inversión social privada como el dinero que una determinada empresa utiliza “en un ejercicio de ciudadanía que va más allá del mínimo requerido, cuyo retorno está en la sostenibilidad del mercado y el desarrollo de la sociedad a los cuales sirve la compañía”. Puede leer: Los retos de la responsabilidad social empresarial en Colombia.
Resultados
Según JA&A, las 140 empresas encuestadas que participaron voluntariamente invirtieron $ 2,8 billones en aportes sociales durante ese año, superando la cifra del 2019 en un 24 %, y dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a aliviar lo efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19. Entre todas, generaron 445.790 empleos directos, lo cual representa al 9 % de los trabajadores formales del país. Le puede interesar: Vacunación contra la COVID-19, el papel del sector privado.
El 67 % de las compañías aumentaron su inversión social privada (ISP) y sus aportes a los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se incrementó en un 196 % (además, 55 % de las corporaciones invierten en ellos).
Las principales razones de estos incrementos fueron la crisis sanitaria (21 %) y el esfuerzo por entregar productos de primera necesidad a las comunidades (20 %). Los mayores aportes en ISP procedieron del sector financiero (35 %) y minero-energético (27 %).
En asuntos de género e inclusión, las mujeres representan el 43 % de la fuerza laboral de estos establecimientos, al igual que el 35 % de los puestos directivos. En cuanto a medioambiente, el 90 % aplican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 59 % se valen de los estándares de la Global Reporting Initiative (la cual reúne iniciativas de inversión social a nivel mundial) y el 43 % se adhiere formalmente a ella. Del total aportado, unos $ 1,8 billones fueron invertidos en asuntos ambientales.
En cuanto a grupos beneficiarios, las poblaciones rurales (42 %) y las vulnerables (60 %) fueron las más beneficiadas y las actividades o sectores con la mayor inversión fueron las ayudas humanitarias (23 %), la salud (15 %), la educación (11 %) y el desarrollo rural (10 %).
Según el informe, las cinco empresas con la ISP más destacada fueron Alpina, Bavaria, el Grupo Argos, el Grupo Nutresa y el Grupo ISA.
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