Así es la gestión social desde las empresas colombianas

26 de febrero de 2020 12:00 AM

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Atender las necesidades de los ciudadanos y del medioambiente, al menos del entorno cercano, es la responsabilidad ética de las empresas privadas, sobre todo en países como Colombia, donde la inequidad reina, particularmente en departamentos como Guainía y Chocó donde más del 50 % de la población está en condición de pobreza multidimensional, según el DANE.

Los actores privados pueden convertirse en agentes de cambio que hacen contrapeso a la gestión pública ineficiente, con planes y programas a largo plazo que contribuyan a equilibrar la balanza de la equidad.

“En la última década se ha profundizado en el rol del sector privado como actor clave en la construcción de un país más equitativo, incluyente y reconciliado. Por eso, hoy en día las empresas son más conscientes de la necesidad de reportar los resultados de su inversión social con regularidad y transparencia”, señala la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) en el informe Mapeo de la Inversión Social.

Las cifras

De acuerdo con datos de la ANDI, el 52 % de los proyectos sociales de sus empresas afiliadas están dirigidos a la mitigación de los impactos generados por las actividades de dichos negocios, es decir, se dedican a resarcir o a compensar la afectación que pudieran estar ocasionando.

A lo anterior le siguen las donaciones (28 %), programas para empleados y sus familias (7 %), acciones de voluntariado (6 %), iniciativas asociadas a su cadena de valor (5 %) e innovación social, que es el foco menos frecuente (1 %).

Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas, la ANDI señala que la mayoría de los proyectos de sus afiliados tiene como propósito poner fin a la pobreza (67 %), reducir las inequidades (64 %), generar alianzas para alcanzar los objetivos (56 %) y propender por el trabajo decente y el crecimiento económico (26 %).

Información no pública

En el mismo informe se indica que cerca del 30 % de las empresas afiliadas no cuentan con información pública sobre sus programas de responsabilidad social o no tienen uno.

En su mayoría, los informes que sí están publicados contienen la finalidad del programa y el público objetivo, pero no ahondan en datos sobre el número de beneficiarios, seguimiento o metas alcanzadas.

“Un gran número de empresas están más concentradas en aspectos visuales y de reputación, no en el fondo de la información reportada. Se han encontrado algunas incoherencias entre lo que las empresas están reportando y lo que realmente están haciendo en los territorios”, señala el documento de la ANDI.

En Bolívar

El Mapa Social del Departamento para la Prosperidad Social, que registra las iniciativas por departamentos para que la gestión social empresarial sea cada vez más eficiente, señala que en Bolívar se desarrollan 790 proyectos de 608 organizaciones y algunos de los temas a los que apuntan son derechos humanos, salud, cultura, educación, primera infancia, niñez y adolescencia.

En el departamento se destacan buenas prácticas relacionadas con fomentar la agricultura urbana y la inclusión económica.

Proyectos sociales no son obligatorios
A excepción de los casos que requieren de consulta previa por obras o proyectos que impacten a ciertas comunidades y requieran de programas de compensación, la ley colombiana no establece de forma explícita ni sistemática cómo las empresas privadas deben llevar a cabo sus proyectos de responsabilidad social, sino que deja esa decisión a discreción de las organizaciones. No hay regulación ni se está obligado a rendir cuentas. Algunas normas como el artículo 333 de la Constitución Política, que establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, estipulan que hay una función social intrínseca como parte de sus obligaciones, lo que puede traducirse en una instrucción hacia el desarrollo de programas en favor del bien común.

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