El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Diego Molano Aponte, anunció que está dispuesto a "revisar y analizar" cada uno de los procesos que se desprenden de la tutela de la película 'Operación E', instaurada por Clara Rojas.
El Directivo, además, informó que tendrá en cuenta las recomendaciones hechas frente al tema por la Procuraduría General de la Nación, pero advirtió que respetará la decisión que tome el juez de tutela.
El Icbf recordó que se vinculó al proceso desde el 17 de noviembre de 2011, cuando Clara Rojas declaró a la entidad, anexando copias de publicaciones impresas, que a través de medios de comunicación conoció de la producción de la película en el país.
Tras considerar que se vulneraban los derechos del menor, a partir de esa fecha el Icbf abrió un nuevo proceso administrativo de restablecimiento de derechos y realizó las evaluaciones pertinentes.
Luego de analizar en 2011 la documentación entregada por la madre de Emmanuel y hacerle un seguimiento de ocho meses al caso, donde se encontraba entre otros, la sinopsis de la película y la autorización del Ministerio de Cultura para su grabación, el Icbf dispuso el cierre del proceso determinando que no existía una amenaza a los derechos del niño.
Debido a la polémica que ha generado 'Operación E', el Bienestar Familiar propondrá un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura para que se contemple en próximas producciones autorizadas en Colombia, solicitar a los realizadores los permisos de los padres o representantes legales de niños actores, para garantizar que sus derechos no sean vulnerados.
Sin embargo, Molano reiteró que la entidad a su cargo está dispuesto a colaborar en el desarrollo de las acciones que determine el juez de la tutela sobre la proyección de la película 'Operación E', basada en una historia de público conocimiento, para que se cumpla lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia.
El funcionario agregó que la entidad no conoce la versión final de la película, no intervino en su rodaje, ni otorgó autorización para la participación de otros niños, niñas o adolescentes en la misma.
EN MANOS DEL ICBF
El caso de Emmanuel se remonta al año 2005, cuando el Icbf sin conocer la identidad de la madre, se encargó de él, retirándolo de la familia que estaba a su cuidado en el municipio de San José del Guaviare, para trasladarlo a la ciudad de Bogotá, donde recibió la protección del Instituto y el tratamiento médico necesario.
Posteriormente, la señora Clara Rojas, madre del menor, fue liberada de su cautiverio, se logró la identificación del niño y fue entregado de nuevo a su familia, cerrando en ese momento el proceso que tenía con el Bienestar Familiar.
