El Ministerio de Justicia, que debe dar su acuerdo antes de cualquier paso al cadalso, no había ordenado ninguna ejecución desde hace 20 meses. Al ser consultado por la AFP, no confirmó estas informaciones y pidió esperar una conferencia de prensa programada para el final de la mañana en Tokio.
Sin pronunciar una moratoria formal, el gobierno dominado por el Partido Democrático de Japón (PDJ, centro izquierda) no ordenaba ninguna ejecución desde el 28 de julio de 2010, cuando envió al cadalso a dos condenados a muerte por primera vez desde que asumió el poder en septiembre de 2009.
Antes de ganar las elecciones parlamentarias de agosto de 2009, el PDJ había prometido abrir un debate sobre la pena capital, pero esta cuestión en realidad no ha sido planteada en la plaza pública.
Japón es el único país desarrollado, al margen de Estados Unidos, que aplica la pena de muerte, en general para los condenados por homicidios múltiples.
Las autoridades justifican el haberla mantenido por el apoyo que tiene en la población y más de un centenar de presos esperan actualmente en los corredores de la muerte de las cárceles niponas.
Japón es a menudo criticado por organizaciones de derechos humanos no sólo por la práctica la pena de muerte, sino también a las condiciones en que están los condenados, que ignoran completamente, hasta el último momento, la fecha de su ejecución.