Policías y manifestantes chocan en una jornada en la que policías panameños lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que bloquearon calles de la capital y otras regiones en rechazo a un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Al caer la noche del lunes siguieron registrándose algunos enfrentamientos en varios puntos del país, incluso en Ciudad de Panamá, donde manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras a los efectivos antimotines. La Policía informó de al menos 25 detenidos. Lea aquí: Dos cohetes impactan en inmediaciones de tropas militares de EE.UU. en Irak
“¡Abajo los vendepatria!”, “¡No al contrato minero!”, corearon manifestantes. Algunos llevaban banderas panameñas y pancartas que rezaban: “Protejamos nuestros recursos naturales”, “Basta de destruir nuestras tierras”, “La Patria se defiende”.
Los bloqueos y protestas afectaron estratégicas calles y avenidas de la capital y otras ciudades y provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Coclé. En Ciudad de Panamá se paralizó el tráfico en amplias zonas y algunas estaciones del metro debieron cerrar.
Las protestas, en las que participan obreros de la construcción, maestros, universitarios y miembros de comunidades indígenas, entre otros sectores, fueron convocadas por sindicatos y ambientalistas, luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara el viernes la ley que establece el contrato, aprobada pocas horas antes por el Congreso. Lea aquí: Jorge Macri será el nuevo alcalde de Buenos Aires tras renuncia de Santoro
El gobierno suspendió la jornada escolar en prevención de disturbios por las protestas, que empezaron desde temprano del lunes, más intensas que las registradas el viernes y el fin de semana en la capital.
La movilización continuará el martes. Gremios de maestros convocaron a un paro de labores de 48 horas. Las protestas piden la derogación de la ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. “Es una mejora sustancial”, argumentó este lunes el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
Sin embargo, algunos sectores se oponen porque consideran que el contrato es “inconstitucional” y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.