La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves una polémica ley que establece duras penas para quienes promuevan o participen en la imposición de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro y sus autoridades. La nueva legislación, conocida como la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, estipula penas de prisión de entre 25 y 30 años, así como multas de hasta un millón de euros (aproximadamente 1.055.680 dólares) para los implicados en este tipo de actividades.
La ley, que aún debe ser firmada por el presidente Maduro para su entrada en vigor, también introduce la inhabilitación política de hasta 60 años para aquellos que incurrieran en lo que el gobierno califica como “delitos contra la soberanía”. Quienes sean sancionados no podrán ocupar cargos públicos ni postularse en elecciones populares.
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Una de las principales disposiciones de la nueva normativa es la criminalización de los actos de “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, respaldar o participar” en la adopción de sanciones extranjeras, así como en la ejecución de “acciones armadas o de fuerza, ataques cibernéticos o cualquier otro tipo de agresión” contra Venezuela. De acuerdo con el texto, estas acciones son consideradas crímenes que amenazan la soberanía del país. Lea: Funcionarios venezolanos recibieron nuevas sanciones de EE.UU.
La ley también extiende su alcance a los medios de comunicación. Las empresas de comunicación que difundan mensajes que inciten a la imposición de sanciones contra Venezuela serán objeto de sanciones económicas de la misma magnitud, con la posibilidad de ser suspendidas o expulsadas del espectro radioeléctrico, dependiendo del medio en cuestión.
En un contexto donde Venezuela ha enfrentado más de 900 sanciones internacionales en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos y sus aliados, el gobierno venezolano considera estas medidas como “crímenes de lesa humanidad”. La ley reconoce que estas sanciones han tenido un impacto significativo en la economía y el bienestar del pueblo venezolano, al tiempo que plantea que la responsabilidad de los actores internacionales que las promueven debe ser penalizada.
Además de las sanciones a individuos y medios, la ley establece un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en estas acciones. Aquellos en este registro podrían enfrentar el congelamiento de sus activos, la prohibición de realizar operaciones comerciales, e incluso, en el caso de los extranjeros, la expulsión del país. También se contempla una “extinción de dominio” de los bienes de los sancionados, permitiendo que el Estado se apodere de sus propiedades dentro del territorio venezolano.