El decreto que declara el estado de conmoción exterior en Venezuela incluye una orden de búsqueda y captura inmediata contra cualquier persona que haya promocionado o apoyado el ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ocurrido el pasado 3 de enero, operación en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro.
Según el texto oficial, fechado el 3 de enero y publicado este lunes, los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán actuar de manera inmediata en todo el territorio venezolano contra quienes estén involucrados en ese tipo de acciones. Lea también:Videos: así fue el ataque explosivo contra Venezuela donde capturaron Maduro
Venezuela decreta estado de conmoción exterior tras ataque de EE. UU. y captura de Nicolás Maduro
El decreto establece que las personas capturadas bajo esta disposición deberán ser presentadas ante el Ministerio Público y el sistema de justicia penal, garantizando el cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa.
Las autoridades indicaron que las actuaciones judiciales se realizarán conforme a las garantías procesales previstas en la legislación vigente.
Refuerzo militar y control de fronteras
La medida contempla un reforzamiento de la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como el incremento de patrullajes en distintas zonas del país.
También se ordena la militarización de infraestructuras estratégicas, incluyendo los servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado, como parte de las acciones para enfrentar lo que el decreto califica como una amenaza externa.
Poderes extraordinarios para el Ejecutivo
El estado de conmoción exterior otorga facultades extraordinarias a la jefatura del Estado, actualmente ejercida por Delcy Rodríguez, entre ellas la suspensión del derecho de reunión y manifestación.
Asimismo, el decreto autoriza la requisición de bienes necesarios para la defensa nacional, la restricción del ingreso al territorio venezolano y el cierre de fronteras cuando se considere necesario.
Restricciones al tránsito y otras medidas excepcionales
El texto también faculta a la presidenta encargada para restringir el libre tránsito de personas y vehículos, así como para dictar regulaciones excepcionales y transitorias orientadas a repeler acciones hostiles externas, restablecer el orden interno y proteger a la población.
El decreto tendrá una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un período igual, y deberá ser remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días para su consideración y eventual aprobación.