La administración del presidente Donald Trump solicitó este martes ante una corte federal de apelaciones la anulación de las condenas contra cuatro líderes de una milicia ultraderechista vinculada al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La petición incluye además que el caso sea desestimado de manera definitiva.
El recurso fue presentado por el Departamento de Justicia ante un tribunal en Washington, donde el Ejecutivo insiste en que las sentencias deben ser revocadas y enviadas nuevamente a una instancia inferior con la orden de cerrar el proceso “con perjuicio”, una figura legal que impediría reabrir el caso en el futuro. Lea: Donald Trump asegura que negociaciones con Irán se retomarán en dos días
La solicitud se centra en cuatro acusados previamente condenados por su papel en los hechos ocurridos en el Capitolio, quienes ya habían sido beneficiados en 2025 con polémicas conmutaciones de sus penas tras el regreso de Trump al poder.
¿Por qué Trump busca anular condenas del asalto al Capitolio?
Los implicados son Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, señalados por las autoridades como figuras clave dentro de la estructura organizativa de los Proud Boys.
De acuerdo con el documento judicial, estos líderes desempeñaron roles relevantes durante el asalto al Capitolio, un episodio que marcó uno de los momentos más críticos en la política reciente de Estados Unidos.
Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Trump ha promovido medidas para favorecer a los condenados por los disturbios, incluyendo una amplia política de indultos y conmutaciones que ha alcanzado a cerca de 1.500 personas vinculadas con los hechos del 6 de enero. Le puede interesar: ¿Fin del libre comercio?: Donald Trump impone la “ley del más fuerte”
Estas decisiones permitieron la liberación o reducción de penas de la mayoría de los implicados, generando un intenso debate político y jurídico sobre el alcance de las atribuciones presidenciales en este tipo de casos.
En paralelo, una investigación de la Radio Pública Nacional reveló que el Gobierno intentó eliminar registros relacionados con los sucesos del Capitolio.
Según ese informe, el Departamento de Justicia habría modificado documentos oficiales para suprimir términos como “disturbios” o “motín”, además de haber despedido a decenas de fiscales que participaron en los procesos judiciales contra los implicados.
El medio también ha sido objeto de recortes de financiación gubernamental, en el contexto de una ofensiva más amplia de la Administración contra organizaciones de prensa.
Durante el quinto aniversario del ataque, celebrado en enero pasado, Trump calificó a los participantes como “grandes patriotas” que fueron “asaltados por el Gobierno”, evitando utilizar el término “insurrectos”, empleado por sectores de la oposición demócrata.
Por otro lado, la organización de derechos civiles Citizens for Responsibility and Ethics in Washington informó que más de una treintena de atacantes indultados han sido detenidos nuevamente por otros delitos.
Entre los nuevos cargos figuran abuso sexual a menores, posesión de pornografía infantil, tenencia ilegal de armas, desorden público, allanamiento de morada y amenazas contra figuras políticas, incluido Hakeem Jeffries.