La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) ha dado un giro en el proceso judicial contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, al autorizar el uso de fondos estatales para costear su defensa legal en territorio estadounidense. La medida modifica parcialmente el alcance de las sanciones vigentes contra Venezuela.
La decisión fue comunicada mediante un documento oficial remitido al tribunal federal de Nueva York, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico. En el escrito se informa que se han emitido nuevas licencias que permiten a los abogados de los acusados recibir pagos provenientes del Estado venezolano.
“Las partes escriben conjuntamente para informar al Tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha emitido licencias enmendadas a los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro”, señala el documento oficial. Lea: Soldado de EE. UU. acusado de apostar con datos secretos sobre captura de Maduro
¿Por qué Estados Unidos permite a Venezuela pagar la defensa de Maduro?
El texto está firmado por el fiscal Jay Clayton y fechado el 24 de abril de 2026. Además, fue dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, encargado de supervisar el caso en el Distrito Sur de Nueva York.
Las licencias incluyen condiciones específicas para el uso de los recursos. Entre ellas, que los pagos autorizados deberán provenir de fondos disponibles para el Gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no podrán originarse en fondos de depósito de gobiernos extranjeros.
“Las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, precisa el documento, detallando las restricciones establecidas por la OFAC.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses habían bloqueado el uso de fondos venezolanos para este fin, argumentando que permitirlo contradecía el régimen de sanciones impuesto contra el país sudamericano.
Esa restricción había sido uno de los principales argumentos de la defensa de Maduro y Flores, quienes alegaban que la medida vulneraba su derecho a un juicio justo al impedirles financiar adecuadamente su representación legal.
Como parte de su estrategia, los acusados solicitaron la desestimación de los cargos en su contra. Sin embargo, tras la emisión de las nuevas licencias, consideran que se han resuelto los “asuntos subyacentes” que sustentaban su petición.
En consecuencia, los abogados informaron al tribunal que los acusados “retiran sus mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen problemas similares en el futuro”.
El debate sobre la financiación de la defensa también fue abordado en audiencias previas. En marzo, el juez Alvin Hellerstein cuestionó la negativa inicial de la fiscalía a permitir estos pagos.
Durante esa audiencia, el magistrado subrayó que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y destacó que los acusados ya no se encuentran en ese país, lo que introdujo dudas sobre la coherencia de la restricción.
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos.
En su primera comparecencia ante el tribunal, se declararon no culpables de los cargos relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, mientras el proceso judicial continúa su curso.