Este lunes el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), indicó que la canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela aumentó un 5,5 % en abril respecto a marzo, hasta los $730 dólares.
En Venezuela una familia necesitó $39 dólares más el mes pasado en comparación con marzo, cuando el costo de la canasta familiar fue de $692 dólares según lo mencionado en el informe de esta organización.
También indicaron que una familia requirió $13 dólares para la compra de agua potable, que en Venezuela el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad.
Datos en contravía de lo estipulado por la constitución venezolana
La Constitución venezolana establece que todo trabajador tiene derecho a un salario “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
Sin embargo, el Cendas indicó que el salario mínimo, congelado desde 2022 en $130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a $25 centavos de dólar, solo cubre el 0,03 % de la canasta.
En los últimos años, el Gobierno ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman $240 dólares: uno de $40 dólares para alimentación y otro recientemente aumentado a $200 dólares denominado “bono contra la guerra económica”, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.
La bonificación es rechazada por trabajadores y sindicalistas
Según cifras oficiales, los precios aumentaron un 10,6 % en abril, por lo que el país acumula una inflación del 90 % en los primeros cuatro meses del año. Le podría interesar: Universidades públicas de Venezuela irán a paro de 24 horas por crisis salarial
Trabajadores y sindicalistas de diversos sectores rechazan lo que llaman una política de bonificación del salario y exigen un aumento de sus remuneraciones.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la principal institución de enseñanza superior del país, reiteró el pasado jueves el llamado a un paro nacional de 24 horas de las universidades públicas para este martes, luego de que el Gobierno rechazara la convocatoria a la protesta.
La asociación, además de salarios dignos, exige la regularización “inmediata” del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, al advertir que “solo lo cobró aproximadamente un 25 % de los profesores universitarios”.