La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó este viernes el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) y aseguró que el tribunal ha utilizado su actuación para perjudicar a países del denominado “sur global”, entre ellos la nación suramericana. Durante un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria defendió la decisión del Gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma.
En su intervención, Rodríguez afirmó: “Creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela”.
Además, sostuvo que no confía en la actuación del organismo internacional porque, según dijo, la corte ha mantenido una postura hostil hacia el país. “Creemos en un relacionamiento basado en el respeto del derecho internacional”, añadió. Lea: Donald Trump busca darle inmunidad a Delcy Rodríguez: esta es la razón
La posición del Ejecutivo venezolano fue respaldada horas antes por el canciller Félix Plasencia, quien informó que Caracas notificó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma. El ministro argumentó que la CPI mantiene un “sesgo” y concentra su actuación de manera “desproporcionada” sobre países africanos y latinoamericanos, respondiendo, según el Gobierno, a intereses distintos a los de la justicia internacional.
Investigación de la CPI sobre Venezuela continuará en marcha
Tras el anuncio, la Corte Penal Internacional lamentó la decisión de Venezuela y recordó que la salida del tratado no tendrá efecto inmediato. El tribunal explicó que, conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro solo será efectivo un año después de que la notificación sea depositada oficialmente ante Naciones Unidas.
La CPI también precisó que, durante ese periodo, Venezuela seguirá siendo Estado parte del tratado y mantendrá las obligaciones de cooperación relacionadas con las investigaciones y procedimientos que ya se encuentran en curso.
Desde La Haya, el tribunal indicó además que aún no había recibido la notificación formal a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque señaló que adherirse o retirarse de un tratado internacional “sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional”.
La investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa activa. Ese proceso fue abierto en 2018 luego de una remisión presentada por varios Estados.
Aunque la Fiscalía de la CPI cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas al considerar que no existía un “progreso real” en materia de complementariedad, aclaró que las pesquisas continúan desde la sede del organismo en La Haya.
En 2023, la Corte autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente la investigación al concluir que las actuaciones de la justicia venezolana no eran suficientes para suspender el proceso sobre los presuntos crímenes denunciados desde 2017.