Ni culpable, ni inocente. Ni condenada, ni absuelta. El juicio de Lindsay Clancy comenzó a finales de julio de 2026 en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, Massachusetts. El proceso penal gira alrededor de la responsabilidad criminal y el estado mental de Lindsay, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un sistema creado para proteger a las personas no logra atender a tiempo a una mujer en crisis?
En enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts, Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de siete meses, fueron estrangulados en su residencia. Cora y Dawson murieron en el lugar de los hechos; Callan murió días después en el hospital. No hubo testigos y las cámaras de la casa no funcionaban ese día. Patrick Clancy, el padre y esposo, había salido a recoger medicamentos y comida.
Los hechos registrados ponen cerca de la escena a un vecino que, al ver a Lindsay tendida e inmóvil en el patio, llamó al 911 alrededor de las 6:09 p. m. El esposo regresó a la casa a las 6:11 p. m. y, según su testimonio, no pudo hacer la llamada debido a problemas con la señal. Al entrar, llamó varias veces a Lindsay, pero ella no respondió. Su preocupación se encendió cuando subió a la habitación y encontró la puerta asegurada. Rápidamente buscó a Lindsay y, al encontrarla en el patio, la socorrió. Al entrar al sótano, Patrick se encontró con una escena de terror: sus hijos yacían en el piso, gravemente heridos. Alguien había atentado contra su integridad y todo indicaba que había sido su madre, quien se encontraba con ellos en casa.
Lindsay presuntamente había tratado de acabar con su vida al tirarse por la ventana del segundo piso de su casa. Sobrevivió, pero quedó parapléjica. Tres años después de este trágico y doloroso suceso, el juicio penal de esta mujer ha desatado conversaciones y debates alrededor de aristas que muchos trataron de silenciar.
La acusada no aceptó los cargos ni se declaró culpable, pero sí aceptó los hechos materiales, lo que permitió concentrar la defensa en su estado mental. Al no existir testigos oculares ni auditivos, fiscalía y defensa han tenido que reconstruir la escena a partir de pruebas, testimonios y voces de especialistas. Nada de lo encontrado da claridad sobre los hechos. Un caso marcado por inconsistencias y actos que ponen en duda que Lindsay haya cometido todos los actos de manera premeditada.
Las pruebas, llevan a los seguidores del caso a poner a Patrick en el lugar de los hechos. Él tiene una coartada: las cámaras sí lo ubican en los lugares que menciona, pero en horas diferentes a las testificadas. El ADN encontrado en el objeto homicida abre la pregunta de por qué el de Lindsay es casi inexistente. Y las búsquedas en la computadora dejan entrever que no fueron de una profesional de la salud.
En los cuatro meses previos a los hechos, entre septiembre de 2022 y enero de 2023, Lindsay tuvo alrededor de 14 consultas psiquiátricas y más de 200 interacciones médicas y de seguimiento. Se internó voluntariamente en McLean Hospital, visitó en varias ocasiones las salas de urgencias y llamó a la línea de crisis cada vez que lo consideró pertinente. Le recetaron 13 medicamentos distintos. Era tan grande su preocupación que diciembre de 2022, le confesó a su madre, a su esposo y a su suegra que tenía “pensamientos horribles de hacerle daño a los niños”.
Su esposo asumió el trabajo remoto y las familias de ambos ayudaban cuando era necesario. Aun así, la situación continuó deteriorándose. Patrick declaró ante el tribunal que Lindsay, ese día, “estaba pasando uno de sus mejores días”, después de haber jugado con sus hijos y hecho un muñeco de nieve.
El caso ha puesto sobre la mesa la depresión posparto severa y la posible psicosis posparto, caracterizada por alucinaciones, delirios y desconexión de la realidad. También ha obligado a mirar la forma en que entendemos el sufrimiento materno.
“Existe una paradoja cultural alrededor de la maternidad: socialmente aceptamos que cuidar es agotador, pero seguimos naturalizando que esa responsabilidad corresponde principalmente a la mujer. Cuando asumimos que dormir poco, sentirse sobrepasada, postergar las propias necesidades o estar exhausta simplemente ‘hace parte de ser mamá’, corremos el riesgo de normalizar también el sufrimiento y dejar de preguntar por su intensidad, duración e impacto”, aseguró Tatiana Bustos, psicóloga y especialista en Psicología Clínica Infantil, del Adolescente y la Familia de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.
Para Bustos, una atención integral no significa simplemente utilizar medicamentos. Debe detectar oportunamente el malestar, evaluar el riesgo, diferenciar diagnósticos, ofrecer psicoterapia cuando esté indicada, proteger el sueño y el descanso, revisar las condiciones reales de cuidado, incorporar la red de apoyo y garantizar seguimiento. La salud mental perinatal, sostiene, no debería empezar a atenderse cuando una mujer ya está en crisis, sino desde el embarazo y durante el posparto.
“Cuando una mujer calla su malestar, no deberíamos preguntarnos únicamente qué le impide hablar, sino también qué consecuencias teme enfrentar si habla”, expone Bustos.
Por su parte, Ana Córdoba, médica psiquiatra y magíster en Cuidados Paliativos, advierte que es difícil establecer una única responsabilidad en casos como este. Desde una perspectiva bioética, considera necesario analizar cada caso de manera particular, pues intervienen distintos niveles: la persona atendida, los profesionales de la salud, las instituciones, la familia y el sistema sanitario.
Reducir una tragedia exclusivamente a una “falla médica” o atribuir la responsabilidad únicamente a la paciente puede llevar a interpretaciones simplistas y contribuir al estigma asociado a los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, reconocer la complejidad tampoco significa olvidar la responsabilidad de médicos, instituciones y sistema de salud cuando existen barreras de acceso, falta de seguimiento, fragmentación de los servicios o fallas en la identificación y atención oportuna del riesgo.
“Desde esta perspectiva, la responsabilidad ética puede ser entendida como una responsabilidad compartida y proporcional al papel que cada actor tuvo en la cadena de atención”, explica Córdoba.
El debate también alcanza la relación entre psiquiatría y derecho. La especialista señala que la intencionalidad, la capacidad de discernimiento y la responsabilidad legal no son conceptos equivalentes. La psiquiatría busca establecer el estado mental de una persona en un momento específico y determinar cómo pudieron estar comprometidas sus funciones cognitivas; la ley, en cambio, define la responsabilidad jurídica bajo criterios propios.
El caso de Lindsay deja una pregunta que va más allá de establecer quién será condenado y cómo será la condena. Las pruebas y testimonios muestran a una mujer que pidió ayuda y a una red familiar y médica que intentó responder, pero que también enfrentó límites, decisiones y posibles fallas.
La discusión no puede reducirse a escoger entre culpable o víctima, porque ni sus familiares, ni su exesposo, ni sus compañeras de trabajo, ni la docente de su hija lograron ubicarla como una madre negligente.
Todos aseguraron que era una madre comprometida y dedicada. Era amorosa, pero algo falló y cuatro personas viven las consecuencias: tres niños murieron en condiciones inhumanas y una madre llora por no reconocerse ante la situación.
Tal vez la pregunta más difícil sea otra: ¿qué tiene que cambiar en la cadena de cuidado para evitar que algo como esto vuelva a ocurrir? Mientras la justicia determina la responsabilidad legal, la sociedad tiene otra responsabilidad: aprender a reconocer el sufrimiento antes de que termine en tragedia.