Este martes se conoció que el Gobierno Nacional publicó para comentarios un decreto mediante el cual buscaría implementar a nivel nacional el modelo de concesión de colegios públicos, que ya ha operado en la capital del país.
Esta medida del Gobierno permitiría tanto a organizaciones religiosas como a particulares, administrar y operar instituciones educativas oficiales hasta por 12 años, rigiéndose por el régimen laboral privado.
El documento podría dar pie a estos cambios, modificando algunos artículos del Decreto 1075 de 2015 y establece las condiciones en las que los particulares pueden realizar con cumplimiento de esta labor.
¿Qué necesitarían para operar de esta manera?
Según la medida, el operador del colegio tiene que demostrar que cuenta con al menos 10 años de experiencia en administración o prestación del servicio educativo.
Asimismo autoriza a las organizaciones religiosas y a las iglesias con amplia trayectoria en el sector educativo a desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos de educación pública.
Críticas por parte de la oposición
La iniciativa fue criticada por el expresidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca implementar en la educación el mismo modelo privado que viene utilizando en el sistema de salud.
“Abelardo plantea por decreto, establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública. La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación. En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”, señaló Petro.
“La respuesta debe arrancar ya del estudiantado de los colegios públicos: hora de moverse, del profesorado y de los padres y madres de familia Invito a los estudiantes de secundaria a configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la gran movilización por la educación pública”, añadió el expresidente.
Por su parte, la Federación Colombia de Trabajadores de la Educación (Fecode), se unió a las críticas, asegurando que este decreto es un claro caso de privatización del sector. Le podría interesar: ¿Cómo avanza el regreso a clases presenciales en zonas afectadas por el terremoto?
“Alertamos y rechazamos con total contundencia el proyecto que plantea modificación de varios artículos del Decreto 1075 de 2015. El proyecto incluye una serie de artículos que pretenden privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos a operadores privados, facilitar la precarización de la contratación docente, entre muchos otros aspectos inconstitucionales”, concluyó.