El Gobierno de Donald Trump enfrenta nuevas acciones judiciales por el uso de recursos públicos destinados a cancelar contratos relacionados con proyectos de energía eólica en Estados Unidos.
Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados presentaron demandas separadas contra la Administración, cuestionando acuerdos que contemplan millonarios pagos a compañías energéticas para que abandonen iniciativas de generación eólica.
En California, el fiscal general Rob Bonta anunció una nueva demanda relacionada con el proyecto de energía eólica de Morro Bay, ubicado frente a la costa central del estado.
La acción busca dejar sin efecto un acuerdo suscrito en junio por el Departamento del Interior (DOI) con Invenergy. El convenio contempla un pago superior a 111 millones de dólares para que la compañía renuncie a su contrato de arrendamiento en la zona. Lea: Donald Trump se queda sin cámaras: grandes cadenas le dan la espalda tras veto a medios
De acuerdo con la demanda, el pacto también establece que empresas vinculadas a Invenergy deberán destinar una suma equivalente a proyectos de combustibles fósiles o energía geotérmica fuera de California.
“En un momento en que necesitamos más energía limpia y confiable, el presidente Trump intenta enviar 111 millones de dólares a sus amigos de la industria de combustibles fósiles y quiere que los contribuyentes y las familias trabajadoras paguen la factura”, dijo Bonta en un comunicado.
La nueva querella representa el segundo proceso impulsado por California contra las medidas de la Administración Trump relacionadas con los proyectos eólicos de Morro Bay.
Demandas cuestionan millonarios pagos por proyectos eólicos
Paralelamente, Nueva York encabeza otra demanda en la que participan los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont.
Los estados buscan impedir dos acuerdos mediante los cuales el Gobierno federal entregaría alrededor de 1.400 millones de dólares de fondos públicos a empresas energéticas a cambio de cancelar cuatro proyectos de energía eólica marina vinculados a Bluepoint Wind e Invenergy.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la decisión de la Administración Trump y afirmó: “El plan ilegal de la administración Trump de sobornar a las empresas para que renuncien a los proyectos eólicos marinos planificados en Estados Unidos es un abuso indignante de los fondos públicos”.
En Nueva York, los dos proyectos afectados estaban proyectados para representar una inversión superior a 16.000 millones de dólares y generar más de 2.800 empleos.
Los litigios se suman a otras decisiones adoptadas por la Administración Trump frente a proyectos de energía eólica marina. A comienzos de agosto, el Gobierno acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore para que abandonara tres contratos de arrendamiento ubicados frente a las costas de California, Nueva York y Luisiana.
