El medio de comunicación estadounidense ‘ProPublica’ reveló una investigación en la que indicó que el acuerdo petrolero firmado entre la Administración del presidente Donald Trump y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, protege los intereses de empresarios privados, pero no establece con claridad la obligación explícita de pagar los $200.00 millones de dólares en impuestos y regalías, entre otros beneficios al Estado venezolano.
‘ProPublica’ tuvo acceso a una copia del acuerdo de dieciocho páginas del acuerdo firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio y el de Guerra, Pete Hegseth, que concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la empresa matríz de ‘North American Blue Energy Partners (NABEP)’, controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El pacto permite a EE. UU. comprar el 20 % de la productividad de ‘NABEP’ a treinta dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante cincuenta años. Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que son necesarios para procesar el petróleo venezolano, que contiene alta densidad, para facilitar su transporte.
El acuerdo también permite a a la Casa Blanca comprar toda la producción de la compañía si declara una eventual una emergencia nacional en Venezuela. La junta directiva tendrá siete miembros, una mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por el Gobierno estadounidense sin derecho a voto.
Empresa registrada en Barbados
Según la investigación realizada por ‘ProPublica’, la estructura del pacto dificulta que futuros Gobiernos venezolanos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.
La empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores. El acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
En septiembre, Marco Rubio defendió la elección de ‘NABEP’, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción. Le podría interesar: Chavismo y oposición inician su tercer ciclo de diálogo político en Venezuela
Antecedentes del socio venezolano
En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales y no había sido imputado formalmente.
El secretario de Estado sostuvo que la compañía podrá aumentar la producción y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos procedentes de la venta de petróleo mediante la auditora ‘KPMG’ y defendió una nueva regulación para profesionalizar la industria.
La empresa, por su parte, ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, ‘ProPublica’ señaló que el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los $200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
