Pese a las políticas santuario de California y San Francisco, las autoridades federales siguen realizando detenciones migratorias en el Estado del Oso. En el Área de la Bahía, dos colombianas detenidas en circunstancias distintas terminaron bajo custodia en el mismo centro, en el desierto de Mojave. Una esperaba abordar un vuelo a Oregón. La otra viajaba con su pareja cuando, según cuentan, dos camionetas les cerraron el paso. Los casos ocurren en medio de un aumento del 53 % en los arrestos de ciudadanos colombianos de parte del ICE durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.
Paula Albornoz, de la puerta de embarque al desierto de Mojave
Paula Valentina Albornoz Hernández, de 23 años, esperaba abordar un vuelo a Portland, Oregón, con su novio el viernes 30 de octubre, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la detuvieron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. La colombiana estudia Administración de Empresas en la Universidad de California en Berkeley, participa en investigaciones sobre inteligencia artificial y se graduó con honores de San José City College. La cadena local KTVU informó que carecía de antecedentes penales.
Su abogado, Nikolas De Bremaeker, explicó que la estudiante tenía un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo pendiente por hechos de violencia de género que, según su defensa, sufrió en Colombia. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el arresto y sostuvo que la joven ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2022 y permaneció en el país después de que venciera su autorización de estadía en marzo de 2023. Le puede interesar: Donald Trump sorprende con su nueva postura sobre migración tras las elecciones
Según su novio, un agente vestido de civil se acercó a Paula en la zona de embarque y le preguntó su nombre antes de que los agentes separaran a la pareja. El Gobierno federal rechazó la versión de que sus agentes omitieron identificarse. La estudiante pasó por un centro de detención en Stockton antes de ser trasladada al California City Detention Facility, en el condado de Kern.
El 2 de noviembre, abogados de Centro Legal de la Raza presentaron una petición de habeas corpus para impugnar su detención. Una publicación que cita a familiares y a la red de respuesta rápida del condado de Alameda también atribuyó al equipo jurídico de ACILEP la presentación de recursos de emergencia. UC Berkeley movilizó a su programa de apoyo a estudiantes indocumentados y autoridades electas respaldaron el pedido de liberación.
Este lunes 9 de noviembre, la jueza federal Dena Coggins ordenó la liberación inmediata de Paula tras concluir que el Gobierno había vulnerado su derecho al debido proceso, según informó el San Francisco Chronicle. De Bremaeker dijo a KQED que esperaba que la joven saliera del centro ese mismo día. Al cierre de esta edición, su salida seguía pendiente de confirmación. Su solicitud de asilo continúa por separado.
Érika Herrera, detenida a unas cinco horas de Redwood City
Érika Herrera Avendaño tiene 33 años, lleva cinco en Estados Unidos y es madre de dos hijos, de 10 años y un año, según su familia. Nació en Antioquia y se crio en Ibagué, Tolima. Su compañero sentimental, Elvis Enamorado, la describe como una mujer emprendedora y trabajadora y asegura que nunca ha cometido un delito.
Enamorado relató a El Universal que la recogió a la salida de una estación de policía y que, hacia la medianoche, dos camionetas les cerraron el paso cerca de Whipple Avenue, en Redwood City, condado de San Mateo. Según su testimonio, los agentes se dirigieron a Érika y la sacaron por la fuerza del automóvil.
La familia informa que Érika está bajo custodia de ICE en el California City Detention Facility, a unas cinco horas por carretera de Redwood City. Sus allegados buscan asesoría legal para impugnar la detención y determinar si puede solicitar la libertad bajo fianza. Miembros de la comunidad colombiana se han movilizado para ayudar a cubrir los gastos legales. La fecha exacta del operativo y el motivo de la detención seguían pendientes de confirmación independiente.
Hasta dónde llega la protección santuario
Las políticas santuario de California y San Francisco limitan la cooperación de las autoridades estatales y locales con los operativos migratorios federales. La ordenanza de San Francisco restringe el uso de personal y recursos municipales para esos operativos. ICE conserva la facultad de actuar en la ciudad y en el resto del estado.
Kevin Crabtree, abogado especializado en inmigración en California y director ejecutivo de San Francisco Green Card, explicó a El Universal que estas políticas regulan la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Según Crabtree, las autoridades locales generalmente se abstienen de avisar por iniciativa propia a ICE cada vez que detienen a alguien bajo sospecha de un delito. También existen restricciones, con excepciones previstas por la ley, para prolongar una detención hasta 48 horas adicionales a solicitud de la agencia federal. «Este es un ejemplo de cómo funciona el sistema federal de Estados Unidos», señaló.
Por su parte, Julio Moreno, abogado de inmigración colombo-venezolano radicado en Atlanta, Georgia, y presidente de The Moreno Law Firm LLC, sostuvo que el Gobierno federal sigue buscando ampliar las expulsiones de personas sin estatus migratorio regular. En ese contexto, recomendó a quienes tienen una solicitud de asilo pendiente evitar los viajes en avión dentro del país.
«En estos momentos no es aconsejable tomar un vuelo, incluso dentro de Estados Unidos, si no se tiene un estatus migratorio regular. Las autoridades federales operan en los aeropuertos y existe el riesgo de una detención migratoria», advirtió Moreno.
El abogado aconsejó tener a mano los comprobantes del trámite migratorio, los datos de contacto del abogado y, cuando corresponda, una copia del formulario G-28, firmado por el cliente y su representante, que formaliza la representación ante agencias federales como ICE. En caso de detención, recomendó pedir hablar con un abogado antes de responder preguntas sobre el caso o firmar documentos y solicitar una llamada para avisar a un familiar. También sugirió guardar una copia digital de los documentos legales con una persona de confianza que pueda entregárselos al abogado si se necesitan durante la detención.
Las cifras para colombianos y latinoamericanos
Los registros obtenidos por el Deportation Data Project muestran 7.157 arrestos de ciudadanos colombianos entre enero y julio de 2026, correspondientes a 7.010 personas distintas. En el mismo período de 2025 hubo 4.665 arrestos. Solo en julio de 2026 se registraron 1.400 arrestos de colombianos. Ese mes, Associated Press contabilizó 49.571 arrestos de ICE de todas las nacionalidades en Estados Unidos, mientras el Vera Institute registró más de 46.000 ingresos a centros de detención de la agencia.
El Migration Policy Institute estima que ICE ejecutó unas 640 mil deportaciones y retornos entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026. Al sumar las devoluciones directas efectuadas por la agencia fronteriza CBP, el total federal estimado asciende a 980 mil en aproximadamente 18 meses. Entre mayo y julio de 2026, ICE promedió unas 36 mil deportaciones y retornos mensuales, según el instituto.
En el año fiscal que cerró el 30 de septiembre de 2026, TRAC registró 54.696 órdenes de deportación para ciudadanos colombianos. También contabilizó 180.403 para mexicanos, 104.328 para venezolanos, 99.858 para hondureños y 97.600 para guatemaltecos. Se trata de decisiones de tribunales migratorios. Las deportaciones efectivamente ejecutadas se contabilizan por separado. Por su parte, un estudio de UCLA con datos hasta febrero de 2026 encontró que el 32 % de los latinos deportados por ICE durante el tramo analizado del segundo mandato de Donald Trump carecía de condenas y de cargos penales pendientes.
Paula y Érika no se conocen. Una esperaba un vuelo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. La otra viajaba en un automóvil por Redwood City. Las detenciones federales las llevaron al mismo centro en el desierto de Mojave. Hoy, una tiene una orden judicial de libertad mientras sigue pendiente su solicitud de asilo. La otra espera que su familia encuentre una vía legal para que pueda volver con sus hijos.
En sus historias se reconocen miles de latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos en busca de oportunidades y hoy buscan regularizar su situación migratoria. Para la familia de Paula, la orden judicial abrió el camino del regreso. Para la de Érika, la pregunta sigue abierta: ¿cuándo podrá volver a casa?
