La segunda versión anual del Seminario “La Educación y la Cultura en la Responsabilidad Social Empresarial”, realizado la semana anterior por la Fundación Enrique Grau en la capital de la República, sirvió para examinar de nuevo un tema importante para el país. La RSE, como comúnmente se la nombra, se ha convertido en asunto de reiterada reflexión para estudiosos de la ciencia social, analistas políticos, empresarios y comentaristas de prensa. Sencillamente ha ido permeando los distintos estratos de la comunidad y apunta a definir en qué medida el mundo empresarial debe encarar compromisos de contenido social frente a los conglomerados humanos, vecinos de las localidades donde se llevan a cabo las tareas productivas. Uno de los conferencistas que intervinieron en este foro, el Representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, destacó cómo la cultura es componente insustituible para consolidar la integración nacional, para darle piso definitivo a la convivencia ciudadana y para imprimirle al desarrollo del país un sentido cabal. Es así como la preocupación por la cultura debería ser punto crucial en la agenda de la responsabilidad social. Generalmente se la nutre con las obligaciones en los campos de lo ambiental, del respeto a los derechos humanos y las buenas relaciones con accionistas, trabajadores y clientes o usuarios de los bienes y servicios ofertados. Mas la cultura no es motivo de consideración especial. Mucho se especula hoy en día sobre la RSE. Se hace la indispensable distinción con la otrora vigente filantropía. Así como la diferenciación con cualquier empeño de sustituir al Estado, en sus deberes primordiales en los distintos aspectos de atención de las expectativas ciudadanas. Ni lo uno ni lo otro. La concepción contemporánea de la RSE apunta a una integración triangular, donde similares papeles deben interpretar los gobiernos, el sector empresarial y las comunidades. No se trata de imponer soluciones para necesidades básicas no satisfechas, ni de efectuar dádivas caritativas, ni de sustituir a las entidades gubernamentales en el rol que les corresponde. Se persigue, sencillamente, que mediante la actuación coordinada de los tres actores antes mencionados se logren alternativas satisfactorias de progreso económico y bienestar social. Sólo mediante el incremento del nivel de educación y cultura se vencerá el escollo frecuente de la ausencia de liderazgo y vocería por parte de las comunidades y de carencia de formación intelectual para integrarse con cualquier iniciativa que propenda por la mejor actuación social de las empresas, acompañadas por la institucionalidad pública. Se requiere que en la conducción de la responsabilidad social se articulen la participación tanto de los entes territoriales y otras dependencias públicas, como de quienes manejan los proyectos productivos, y los voceros de las comunidades. No se trata de conceder las empresas dádivas fruto de una actitud filantrópica, ni de satisfacer unilateralmente las aspiraciones de progreso expuestas por los dirigentes cívicos, así como tampoco se busca reemplazar al Estado en sus compromisos ante las localidades o provincias. La clave del éxito radica en el trabajo compartido. *Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos. marcan2@etb.net.co