La lista negra

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita a Colombia en estos días y, con base en los reportes del gobierno y de representantes de la sociedad civil, decide si saca a Colombia de la lista negra en la que está metida ya hace varios años por considerarla un país con serias dificultades para reconocer los derechos humanos.
Los informes de la Comisión han reconocido, por ejemplo, los esfuerzos que se hicieron con la desarticulación de la estructura armada de las AUC, pero advirtieron que grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de crímenes. Están especialmente relacionados con el uso de la violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, líderes sociales, y defensores de derechos humanos.
La comisión manifestó ser consciente de la compleja situación que enfrenta el país, tras muchos años de violencia y su impacto atroz sobre la población civil. Además ha tenido en cuenta el efecto del narcotráfico sobre la violencia de cara a los esfuerzos del Estado para combatir el flagelo. Sin embargo, se ha preocupado por el escaso número de condenas de miembros de la Fuerza Pública presuntamente responsables de ejecuciones extrajudiciales, por el desplazamiento forzado, la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, y el uso indebido de mecanismos de inteligencia contra defensores, periodistas, operadores de justicia y organizaciones internacionales.
En la lista negra también están Cuba y Venezuela, países que cuestionamos por sus “dictaduras” y su sistemática negación de libertades. Pero Colombia, con su “perfecta” democracia –es una ironía– se encuentra metida en el mismo paquete, y por razones de peso.
Ahora, con la visita de la Comisión, Colombia pretende salir del penoso listado, pues el gobierno de Santos se atribuye serios esfuerzos para mejorar en reconocimiento de los derechos humanos.
Sin duda, son otros tiempos. Cuando se pasa de un gobierno que tiene la palabra “guerra” en la cabeza, a otro que tiene la palabra “paz”, los cambios son evidentes. Sin embargo, la violencia contra la población LGTB, los ataques sexuales a las mujeres para despojarlas de las tierras, las condiciones de seguridad de la población indígena, los periodistas y líderes sociales, y la peligrosa situación de las víctimas del conflicto, aún deben ser consideradas a la hora de determinar si Colombia se merece salir de la lista negra.
Implicaría una ganancia política para el gobierno de Santos, pero también significaría un reconocimiento que aún no merecemos.  Se podría interpretar como un estímulo para seguir atentos a las agendas de derechos humanos, o podría ser un relajante muscular que sumiría al gobierno en la modorra al creer que la apuesta está ganada. 
En Colombia nos deben preocupar más otras listas negras, como aquella que circuló en Tumaco firmada por las Águilas Negras, en la que apareció el nombre del líder de víctimas: Miller Angulo. Miller fue asesinado el 1 de diciembre. Lejos estamos de la decencia.

*Psicóloga, activista, defensora de derechos humanos.

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