Buscar la legitimidad perdida

Cartagena padece una de sus peores crisis institucionales. Los más simplistas encuentran su origen en los problemas de gobernabilidad del alcalde Campo Elías Terán D. y en los sucesivos alcaldes encargados en 2012. Determinar lo anterior como el origen de todos los males es injusto.
La crisis es la sumatoria de largos procesos sociológicos, económicos, culturales y políticos que dejaron en la ciudad antivalores que minaron la confianza, haciendo que lo público pierda legalidad y legitimidad.
La institucionalidad cartagenera, en especial su administración pública, no da la confianza para que la ciudad se una para jalonar desarrollo social. Tenemos tanta pobreza que la hace casi socialmente inviable. Hay una pugnacidad entre todos los actores y sólo se impone la ley del más vivo o del más fuerte.
Para que la ciudad progrese necesita buen gobierno, pero en especial, acatar la legalidad. Ambos ingredientes logran la legitimidad para que el interés particular permita armar democráticamente el interés general.
Las constantes actuaciones de los funcionarios públicos afectan la legalidad, abriendo más la puerta de la ilegitimidad. Un ejemplo son los permisos recientes para espectáculos públicos. La constante de los últimos años es la turbidez de sus trámites.
Las declaraciones del empresario del Tsunami Vallenato así lo indican. Estas no pueden ser como todo en el Caribe, sólo folklor. El tsunami ocurrió cuando el empresario indicó que sufrió presiones no santas, pero no se ruboriza al admitir que entregó dinero, participando así en un ilícito penal.
Lo mismo sucedió con los permisos de los festivales de música electrónica, en especial el de Ultramar. Las declaraciones de la Capitanía de Puerto y de Cardique lo demuestran: se obviaron requisitos previos que hubiesen impedido dar el permiso en las playas de Punta Canoa, como lo indica el Artículo 68 del Acuerdo distrital 024 del 2004, amén de que su artículo 126 indica que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia un particular podrá efectuar cerramiento para su explotación o disfrute particular”, en armonía con la ley 768 del 2002. Es la situación jurídica y fáctica idéntica al evento de Bocacanoa, o Summerland.
Los ejemplos demuestran la crisis de legalidad en Cartagena. El debate no está en si se benefician el turismo y la economía local, sino por qué no impera el estado de derecho.
Si se quieren hacer, ¡que se hagan!, pero con las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad. Los ciudadanos aspiramos a que el Estado respete la legalidad, y si no existe, hay que construirla ante el Concejo y el legislador, pero no es aceptable el camino tramposo para evadir la ley y el reglamento.
Este caminito tramposo de múltiples actores en la ciudad lo aprovechan los “funcionarios” venales, y es más peligroso para la ciudad que un atentado terrorista. Se cultiva la anticultura del más vivo, del tráfico de influencias, la desigualdad, y aumenta la crisis de legitimidad institucional.
No podemos seguir desgarrándonos las vestiduras cuando fomentamos y premiamos socialmente estas situaciones. Cartagena solo recobrará la legitimidad si fortalece su legalidad. La confianza ciudadana se gana y la bomba social de la ciudad se desactiva con buen gobierno, inclusión social, cultura de la legalidad y legitimidad ciudadana.

*Rotaremos este espacio entre distintos columnistas para dar cabida a una mayor variedad de opiniones.

fchabogados@gmail.com