Admiro el optimismo de quienes ven a Cartagena bien. La lectura diaria de este periódico disipa cualquier sueño de ir por buen camino. La inseguridad es nota predominante hoy. Frente a ella la policía sigue sus viejos sistemas de poner en los mismos lugares a las mismas horas retenes para automotores, en que se limitan a revisar documentos y establecer la sobriedad del conductor, amén de dificultar el flujo vehicular por los momentos inadecuados en que se realizan tales operativos en vías de gran circulación. Las gentes murmuran que las finalidades son otras.
La inseguridad oprime. En cualquier parte, hora y actividad las personas están en riesgo. Hemos llegado al colmo de que, por ejemplo, tener una tienda sea una exposición permanente al atraco, chantaje y asesinato. Vemos, sin reaccionar, que las gentes, en las medidas de sus posibilidades, convierten sus viviendas en cárceles porque rodearlas de rejas es el único medio de tener tranquilidad razonable.
Observamos como algo normal que las gentes restrinjan sus posibilidades de gozar de espacios abiertos porque en ellos corren el riesgo de ser desvalijadas o lesionadas.
Luego de consumado el homicidio o el robo nos damos por satisfechos con la explicación de que fueron los urabeños, la oficina de Envigado, los pandilleros de tal barrio o aquellos otros criminales y resignados esperamos el periódico del día siguiente para constatar que las cosas empeoran.
Es ridículo que se hable de estadísticas oficiales cuando todos los habitantes oímos a cada paso a otro congénere narrar el atraco de que acaba de ser víctima y que no denuncia por considerar que esa gestión sólo le significa perder más tiempo.
Si la inseguridad se percibe más agobiante cada día, el desorden urbano parece creciente sin que se atisben efectivos propósitos de conjurar la situación. La autoridad está ausente en muchas situaciones de diaria recurrencia pero, y es lo peor, en otras sirve de observador imperturbable del caos.
En lo administrativo la institucionalidad se desvanece. Baste pensar cómo un importante instituto distrital cerró en enero sus puertas por carencia de personal pues la función pública estaba en manos de contratistas por anualidades y no de empleados permanentes. Y luego, el director del Datt declara que esa dependencia tiene mínimo número de agentes con capacidad para ejercer control, pues muchos uniformados carecen de la calidad de empleados públicos con competencia para sancionar infracciones. Nada se hace por recuperar institucionalidad, tal vez porque sea dañino a la gobernabilidad entendida como distribución del Distrito entre concejales, agentes políticos y otros, incluido el vasallaje barranquillero a que estamos sometidos.
¿Cómo decir que vamos bien?
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