La semana pasada este diario preguntó a sus lectores si alguna vez habían denunciado ante el DATT el cobro excesivo de una carrera de taxi. El interrogante, respondido con un sí por el 10% de los usuarios, refleja la preocupación por la baja calidad del servicio, un martirio del que no escapan quienes tienen ingresos para elegir este medio de transporte o se ven obligados a usarlo.
Para ampliar este perfil de inconformidad también se les pudo consultar: ¿Cuántas veces ha preguntado a un taxista “por cuánto me lleva a…”? ¿El precio sube cuando llueve? ¿El taxista lo ha dejado plantado cuando se entera adónde va? Si acepta llevarlo, ¿han estado a la vista las tarifas?
La discriminación es práctica frecuente de algunos taxistas. Al olvidar su razón social no sólo deciden si transportan a los usuarios y adónde, sino también cuánto les cobran.
Pero esta última extravagancia no sólo se debe al talante de los conductores. Los abusos también son fomentados por la regulación del “transporte público individual de pasajeros”, como llama a los taxis el Decreto 066/14 de la Alcaldía.
El primer problema es la manera cómo el regulador organiza el cobro del servicio. Hay cinco “grupos de trayectos”: desde y hacia el Centro Histórico, el aeropuerto, la terminal de transporte y el muelle turístico. A estas se suma la “tarifa especial” que rige los viajes de Bocagrande ¡a 9 de los 180 barrios de Cartagena!
Gracias a este esquema reduccionista de la movilidad se regla menos del 10% de las posibles rutas, cantidad determinada por el número de barrios. Por ejemplo, carreras como Manga-El Cabrero y Crespo-Mandela no son reguladas, dejándole al taxista la asignación del precio.
En una ciudad de un millón de habitantes, sorprende que la regulación de los taxis siga el criterio “centro-centrista” de antes, reduciéndola a puntos y troncales vinculadas al turismo, e ignorando otros puntos de referencia.
La regulación traslada a los usuarios las altas tarifas al atarlas a criterios como el estrato y la existencia de lugares y actividades percibidos como exclusivos: una carrera del aeropuerto a los hoteles Santa Clara o Santa Teresa cuesta $11.000; pero del aeropuerto a cualquier otro hospedaje o lugar del Centro vale $8.300.
El esquema también peca porque viola la proporcionalidad de las tarifas, variable clave para la credibilidad del sistema. ¿Por qué el trayecto Aeropuerto-Bocagrande, que recorre 8 km, vale $16.700, y del mismo punto a San Fernando cuesta $18.300 si recorre casi 16 km? Sin estudios que lo sustenten, la respuesta es simple: así es el improvisado y caótico mundo de la regulación del transporte en Cartagena.
*Profesor UTB
aespinosa@unitecnologica.edu.co