Recientemente fue publicado un libro con un título sugestivo: Recentralización en Colombia. Son unas 250 páginas en donde el autor, Julián López Murcia, revisa las distintas reformas realizadas a la política de descentralización consagrada en la Constitución Política de 1991. López argumenta que, sin ser una política explícitamente establecida, se han dado cambios orientados a reversar varias de las medidas de descentralización fiscal y administrativa.
Tal vez uno de los cambios más sustanciales se dio en 2001. En esta ocasión se logró cambiar la regla que establecía que el 46,5% de los ingresos de la nación debían transferirse a las entidades territoriales. Aquí se estableció que las transferencias debían crecer unos puntos por encima de la inflación. Si bien en términos reales no cayeron, estas fueron perdiendo participación en los ingresos de la nación, de tal manera que en la actualidad representan menos del 30% de estos.
La menor participación fue posible porque el crecimiento de las transferencias estuvo por debajo del aumento que tuvieron los ingresos de la nación. Esto, por supuesto, le permitió al Gobierno nacional contar con más recursos para manejar directamente. La reforma se dio luego de la crisis económica de finales del siglo XX y en medio de un deterioro de las finanzas públicas territoriales, en donde se observaba un déficit fiscal y un endeudamiento creciente que comprometía la estabilidad fiscal del país.
Otro cambio que destaca el libro es el que llevó a que los gobiernos locales perdieran control de los recursos, a través de lo que el autor llama recentralización administrativa. El Gobierno nacional argumentaba la necesidad de mejorar el uso de los recursos transferidos y así estableció, por ejemplo, el sistema de seguimiento, monitoreo y control de los fondos. También, una de las reformas promovió que las transferencias para acueducto y alcantarillado fuesen manejadas a través de los Planes Departamentales de Agua. Esto implicaba, en algunos casos, que el manejo se movía de los municipios a los departamentos. Otro ejemplo fue el esquema de aprobación de los proyectos de regalías en el cual el Gobierno nacional pasó a tener una influencia importante en las decisiones de selección.
López Murcia revisa el contexto institucional y las estrategias políticas en donde se llevaron a cabo estas reformas, intentando encontrar las razones que llevaron a los congresistas de las distintas regiones y a los mismos gobernantes locales a permitirlas. El argumento central del libro señala que los cambios se lograron por crisis económicas que perturbaron los contextos descentralizados y auges económicos que reforzaron los contextos recentralizados, sumados a estrategias políticas del Gobierno nacional que dividían a los entes subnacionales, resaltaban sus fallas, o argumentaban conveniencia macroeconómica.
Te puede interesar: