La ambientalista Susana Muhamad, politóloga de Los Andes y especializada en Sostenibilidad, está ligada a Gustavo Petro desde que en Holanda, iniciando el siglo, trabajaba para la Shell y con exiliados colombianos seguían sus debates contra el paramilitarismo y celebraban la fundación del Polo Democrático. A su regreso se abrió a la militancia en un intenso activismo político organizativo y ambiental que no ha parado. La conocí en esos años que estuvo por acá organizando los nodos del progresismo, luego la seguí de cerca junto al candidato a la presidencia y después al alcalde de Bogotá, donde fue secretaria de Ambiente y secretaria General. Ella fue una de las defensoras de la administración cuando destituyeron e inhabilitaron al alcalde Petro por el tema de las basuras. Exalto su creación del Instituto Distrital para la Prevención del Riesgo y el Cambio Climático y el Fondo para Adaptación y capacidad de respuesta. En una entrevista con María Jimena Duzán refiriéndose al 0,4% del presupuesto y los retos gigantescos del Ministerio de Ambiente, precisó que “esa carencia se supera con la firmeza del alcalde Petro ante las decisiones ambientales que generan lineamientos para los otros sectores de la administración. (...) Lo que pasa hoy es que el Ministerio terminó siendo como un notario de los otros ministerios, acomodando el ambiente y las realidades de protección de la vida a los intereses de las otras carteras.
En Bogotá Humana el alcalde me empoderó para definir la realidad de otros sectores: transición energética de los buses, los residuos, de la vivienda, la expansión urbana en el POT. Se trata de que los recursos que se inviertan en todos los sectores tengan resultados ambientales. La plata está en las concesiones, en el tema agrícola. Nosotros fijaremos los límites y condiciones que permitan resultados ambientales.
En el corto plazo frenaremos los pilotos de Fracking y lideraremos su prohibición en el Congreso; haremos un plan de protección de liderazgos ambientales, y un mapeo de las consultas populares, respaldando los procesos sociales.
Hay que organizar una comisión de alto nivel técnico y judicial que revise el cumplimiento de las licencias ambientales de los grandes macroproyectos y verificar el cumplimiento. El sector ambiental tiene que apretar en el buen sentido, para que cese el malestar en las comunidades por la falta de compromiso.
Frenar la deforestación, es el centro, y pasa por un trabajo articulado con la reforma agraria, con las comunidades. El dilema es cómo le damos oportunidades y garantías a la gente que está en las zonas de conservación, cómo llegamos a acuerdos de fondo y cómo se articula con la sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento del acuerdo de paz. Sobre la interdicción manifestó que además de la judicialización a la gente que opera, hay que ir contra los capitales que financian. (...) Tibugá no va y el glifosato tampoco ¡queremos ser una potencia mundial de la Vida!
*Abogado ambientalista y comunicador.