Cualquier ser humano inmerso por largo tiempo en un entorno socioeconómico caracterizado por bajos ingresos, altos niveles de desempleo, migración, violencia y criminalidad, así como por condiciones desfavorables de nutrición, vivienda, salud y educación, sufrirá de miedo generalizado por su seguridad y supervivencia al igual que de desesperanza y duelo ante la reiterada insatisfacción de sus necesidades psicobiosociales; lo cual genera estrés y estados afectivos negativos. En lo cognitivo, la capacidad de atención del individuo se debilitará, sus decisiones tenderán a evitar el riesgo y presentará dificultades para planear objetivos a largo plazo; lo que altera las funciones ejecutivas cerebrales.
Ante semejante cuadro, tanto el Consejo Nacional de Investigación y el Instituto de Medicina (NRC & IOM, 2009), como diversos autores de psiquiatría social (Yoshikawa, Aber, y Beardslee, 2012), revisaron trabajos científicos de un par de décadas anteriores a 2012 sobre la prevención en salud mental durante la niñez y la juventud, evidenciándose que la pobreza en el núcleo familiar es un serio factor de riesgo para problemas y trastornos de la salud mental. Ya en el 2016 había más de 116 estudios en diferentes países que mostraron cómo la pobreza se asocia, en lo urbano y lo rural, a un mayor riesgo de enfermedad mental, independientemente de la raza y del nivel de educación de los padres. A la vez, se identificó un circuito perverso en el que los trastornos mentales agravan la pobreza y viceversa, asociado posiblemente a las complicaciones afectivas y cognitivas descritas. Mas todo lo anterior no implica que los no-pobres estén exentos de sufrir trastornos mentales o que los pobres no puedan sentirse gratificados ni tener comportamientos adaptivos.
En Colombia, el estudio más extendido para explorar la relación entre pobreza y trastornos mentales (Quitian, Hoover; Ruiz-Gaviria, Gómez-Restrepo, Rondón, Martin, 2016) se hizo a partir de la encuesta Nacional de Salud Mental (Minsalud, 2015), con resultados poco positivos para evidenciar tal relación, debido probablemente a dificultades metodológicas. Sin embargo, quienes en el país hemos tratado trastornos mentales sabemos que esa relación es cierta. Gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro han estado realizando programas en vivienda, alimentación, educación, etc., o suministrando subsidios en dinero, con el objeto de disminuir la pobreza. Los estudios científicos indican que esas intervenciones producen beneficios en lo económico y en la salud mental, siempre y cuando se las mantenga a un nivel en que no generen dependencia y que contribuyan al mínimo vital para subsistir dignamente. Por ello, cuando hoy en Cartagena se requiere una vigorosa cruzada contra la pobreza, hacemos un llamado para que en cada una de las intervenciones que se acometan en la ciudad se incluyan integralmente acciones en salud mental.