Hace unos días aquí, el columnista José Kappaz arremetió contra un editorial de este medio que, con base en su código de ética de defensa universal de derechos fundamentales como la vida, manifestó su asentimiento con el pronunciamiento de la Corte Interamericana en el que se establece que el Estado colombiano es responsable por el exterminio de la UP. Cuestiona sin reparo moral, que es lo que más sorprende a estas alturas después de tanta sangre corrida por móviles políticos, que lo que sucedió con la UP haya sido un exterminio, apuntando además que eso no es comparable con lo ocurrido en Núremberg. Agrega, como si fuera poco, que el pronunciamiento Interamericano no tiene sustento para decir que el Estado participó en el genocidio de la UP. No sé qué tipo de moralidad mueve al señor Kappaz para pasar por encima de todo lo que se sabe sobre el genocidio político de la UP; no sé si el señor Kappaz ha tenido la oportunidad de leer lo que ha sido el devenir histórico de la penalización de delitos cometidos contra grupos humanos con ocasión de su origen étnico o posturas políticas, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pero, lo que sus palabras evidencian es un teatro moral obsceno, ya que en la justicia colombiana e internacional no hay prueba que no incrimine a agentes estatales en la orquestación del genocidio de la UP. Señor Kappaz, a la UP la acabaron a punta de matar a sus militantes, por el exclusivo hecho de ser integrantes de un partido político y no fueron tres, cinco o diez, fueron casi seis mil colombianos los asesinados con ese único móvil. Señor Kappaz, la Fiscalía General de la Nación por medio de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos, determinó hace ya casi una década que los crímenes contra la UP fueron cometidos sistemáticamente por paramilitares con la participación muchísimas veces de agentes estatales, a lo que hay que agregar un hecho reciente y es que, según investigaciones periodísticas, en la Presidencia de Barco se contrató al mercenario Rafi Eitan, un conocido cazador de nazis, para el combate a grupos de izquierda. Lo que sabemos hasta ahora es grave ya que la llegada de Eitan coincide con el encono de los asesinatos a militantes de la UP, con la alianza entre paras y servidores públicos y lo peor: la deliberada postura de Barco de desproteger la vida de los miembros de este partido. Afirmo que deliberada posición porque es evidente que no se protegió a los integrantes de la UP; en una reunión con ellos, Barco les dijo ante la masacre que estaban viviendo: “Ármense”. Esa no es la obligación de un presidente ante la condena a muerte a un grupo político. No solo hubo acción; hubo consciente omisión del Estado. Todos los meses mataban gente de la UP, ¿usted dijo algo, señor Kappaz?
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