La ley de sometimiento que presenta el Gobierno nacional posee un articulado muy romántico que establece alternativas para que las organizaciones y grupos rebeldes que cometen actos delictivos tengan un trato especial para que contribuyan a la paz total del país.
El proyecto no tiene en cuenta a las víctimas de estas estructuras criminales de alto impacto, con el “cuentazo” de verdad, justicia y reparación. Va a volver a pasar lo que hoy vivimos con la JEP, las víctimas no han recibido ni verdad, ni justicia y ni reparación por parte de las Farc, pero los victimarios sí ha obtenido todos los beneficios por parte del Estado.
Es preocupante el artículo 16 de esta ley, que habla sobre la aplicación del principio de oportunidad donde se establece que todo miembro de estructura criminal que se someta ante esta y haya cometido delitos como concierto para delinquir simple o agravado, porte ilegal de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal serán delitos excarcelables con una prueba de 4 años donde tendrá que participar en la justicia restaurativa, menciona en la ley, si esto no pasa tendrá que pagar entre 4 y 8 años de prisión según los delitos.
Los delitos mencionados anteriormente, en palabras más simples, van a beneficiar a los bandidos que hayan estado en el negocio del narcotráfico, hayan torturado, matado y secuestrado a los colombianos. Delitos de lesa humanidad que no deberían tener beneficios ni reducción de penas por los daños irreparables que causan a las víctimas y a sus familias. Las estructuras criminales deben ser sometidas con el monopolio de la fuerza que posee el Estado, si esto no ocurre así, surgirán más organizaciones criminales que tendrán como objetivo salir librados de los delitos que cometan con la ley de sometimiento.
Otro tema que preocupa de esta ley es el artículo 43 que establece sentencias complementarias para las organizaciones criminales, un articulado enredado que adornan con muchas palabras, pero que a fin de cuentas, busca que si un miembro de la estructura no está incluido a la hora de la sentencia colectiva impartida por el juez y tiene conductas con patrones criminales similares, podrá ser incluido con una sentencia complementaria. El problema de esto es que cualquier colombiano que cometa delitos como homicidio, puede llegar a sustentar que hace parte de una organización criminal que tiene dichos patrones y acogerse a la ley para recibir todos los beneficios y no pagar un día de cárcel.
Lastimosamente esta ley está diseñada para beneficiar a las estructuras criminales de alto impacto. Las bondades que propone este Gobierno no deben rodear a los delincuentes, sino a las víctimas, pero es algo que no se contempla en esta ley. El pueblo colombiano quiere paz, pero no con una impunidad que lo más probable es que sea la causante de más violencia.