En el mundo actual, donde la legalidad y la ética juegan un rol importante en cada una de las actividades diarias, implementar programas de cumplimiento se ha convertido en una herramienta indispensable, ya que no solo ayuda a las empresas y personas naturales a cumplir con la normativa vigente, sino que también actúa como un eficaz mecanismo para identificar y mitigar riesgos jurídicos, uno de ellos, peligroso para estos días, la extinción de dominio.
El Compliance se refiere al conjunto de medidas y procedimientos diseñados para asegurar que una entidad o un individuo cumpla con las leyes y regulaciones aplicables a su actividad. Para las corporaciones, públicas o privadas, esto implica crear políticas internas que guíen el comportamiento empresarial y promuevan una cultura de legalidad y ética. Para las personas naturales, se traduce en la necesidad de estar al tanto de las obligaciones legales y actuar con transparencia en las actividades.
En Colombia solo se exige que ciertos sectores implementen programas de cumplimiento corporativo, por ejemplo, el sector bancario, inmobiliario, transporte, entre otros; y esa exigencia no se hace extensible para las personas naturales. No obstante, es necesario reflexionar sobre esa necesidad de que, a nivel personal, se actúe con “debida diligencia” en cada una de nuestras transacciones de la vida diaria.
Si esta cultura de prevención no se aplica, las consecuencias jurídicas pueden ser graves. Imaginemos, V.gr, la compra de una propiedad. Muchos piensan que basta con tener el dinero y firmar los documentos para adquirirla, pero desconocen si el inmueble está involucrado en un litigio o fue adquirido previamente con dinero ilícito, situaciones que en poco tiempo obligarán a enfrentar una extinción de dominio, pues, este proceso no solo afecta a quienes están directamente involucrados en delitos, sino también a aquellos terceros de buena fe que, sin saberlo, adquieren propiedades vinculadas a actividades ilegales.
El valor principal de aplicar cumplimiento en nuestras vidas reside justamente en la prevención de esos riesgos legales que pueden generar conflictos prolongados y costosos; y en preservar la reputación y estabilidad de las personas naturales y jurídicas, protegiendo las operaciones y minimizando la posibilidad de litigios que puedan surgir por no poder demostrar que se ejerció una debida diligencia al momento de contratar.
Por ello, mantener una actitud proactiva en cuanto a la transparencia y legalidad, adoptar medidas preventivas y actuar con diligencia puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el litigio, ya sea en el contexto corporativo o personal. Es una forma de proteger lo que hemos construido, de asegurar que nuestras acciones están alineadas con la legalidad y de evitar riesgos que, de otro modo, podrían poner en peligro nuestro futuro.