Las comercializadoras de energía eléctrica colombianas optaron por no cobrar el máximo de la tarifa permitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). A cambio, resolvieron diferir con incrementos progresivos mes a mes, sobre todo en época de pandemia. Esto es lo que se conoce como opción tarifaria. El saldo acumulado en el país ahora es cercano a los $3.2 billones.
Por su parte, el saldo de Afinia al cierre de 2023 era de $1.8 billones, muchísimo mayor que el de Air-e. Esta diferencia se presentó porque desde el inicio de operaciones, desde octubre de 2020 y durante el 2021, la primera gerente de la filial antioqueña decidió, prácticamente, congelar tarifas, en tanto Air-e aceleró sus incrementos.
Esa deuda, que el presidente Petro anunció asumir pero hasta ahora impedido por inconvenientes presupuestales, sumado también al pasivo de subsidios por menores tarifas, obviamente tiene asfixiadas financieramente a las empresas.
A la vez, la nueva propuesta del ministro de Minas y Energía de pedirles a los estratos altos que paguen la deuda de la opción tarifaria no ha sido de buen recibo en este segmento y por algunas empresas del sector, porque desde hace 30 años este mercado ha venido apalancando a los estratos vulnerables con un 20%, lo que se percibe como una sobrecarga.
He sostenido en varios escenarios que, para resolver este inmenso problema presupuestal, deberíamos ampliar la base de aportantes a la «vaca» entre los actores de la cadena, incluidos los usuarios de todo el país por ser un percance que a todos nos incumbe.
De esta manera, el aporte entre todos sería mínimo pero se resolvería buena parte de la crisis del sector eléctrico.
Sin embargo, aún saldando estas deudas, las distribuidoras de la Costa Caribe seguirán en descalabro financiero e ineficiencia del servicio, puesto que su déficit no solo es consecuencia de la deuda de subsidios y opción tarifaria sino de los impagos y pérdidas de energía.
Para ello habría que adoptar, además, otro tipo de soluciones más de fondo que los medidores prepago que propuso el gerente de EPM en el reciente evento de la ANDI en Cartagena como si fuera una novedad. En Afinia se vienen implantando desde el 2023, no obstante su impacto se reflejaría en cinco años siempre y cuando se aporten los recursos requeridos que el alcalde de Medellín duda destinar.
La crisis eléctrica del Caribe es tan grave que podría anticipar el apagón resultado de la brecha entre la escasa oferta y la creciente demanda de energía. Lo preocupante es que no está en el «top» de la lista de otros gravísimos problemas del país como para mencionar algunos, el de la salud, la seguridad o la educación.
La solución, innegablemente, es con recursos no con retórica y las fuentes podrían encontrarse en las regalías por explotación de hidrocarburos que se asignan a los entes territoriales, así como en pequeños aportes pero de todos los eslabones de la cadena energética. Estamos al límite, manos a la obra.