Desde la llegada de los Char al poder, en 2008, Barranquilla le apuesta a una transformación urbanística que se cimienta sobre una alta carga tributaria, que representa casi la mitad de sus ingresos corrientes. Además del Impuesto Predial, son fundamentales la Estampilla Pro Hospitales y los Impuestos de Industria y Comercio (ICA) y a la Telefonía. Solo en 2024, sumaron poco más de 1 billón de pesos.
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El ICA es el de mayor peso. Por ese concepto, Barranquilla ejecutó $962.662 millones en 2024 y este año proyecta que el recaudo aumente $43.000 millones. La Alcaldía anunció que con esos recursos recuperará más espacio público (Malecón del Suroriente y 34 parques), pavimentará 14 kilómetros de vías y mejorará 8.270 viviendas de estratos 1 y 2.
Otra renta clave es la Estampilla Pro Hospitales, vigente para todas las transacciones de compra y venta de bienes inmuebles, tras la expedición de varios acuerdos desde 2009. Ese cobro grava el 1,5% sobre el valor catastral y el 0,75% para las viviendas de estratos 1 y 2, incluidas las de interés social. En 2024 el Distrito ejecutó $37.151 millones.
Esa inversión ha sido, particularmente, visible en la remodelación de dos hospitales y en la construcción de 37 Pasos y Caminos (hospitales de primer y segundo nivel que funcionan en las cinco localidades).
Y el tercer tributo es el Impuesto a la Telefonía. Desde abril de 2016, Barranquilla lo cobra para financiar el mantenimiento de sus casi 300 parques, la arborización de más de medio millón de metros cuadrados y parte del pasivo pensional de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones.
Con ese impuesto, el Distrito ejecutó el año pasado $16.934 millones gravando el uso de las líneas telefónicas prepago y pospago registradas en esta capital. Por eso, los usuarios de esta ciudad asumen un doble pago: además del impuesto nacional al consumo para servicios de voz, están obligados a pagarle a la Alcaldía una tarifa adicional, según su estrato socioeconómico.
Esa gestión de tributos se justifica, en palabras del exalcalde Jaime Pumarejo y del exgerente de ciudad Juan Manuel Alvarado, porque el Gobierno Nacional “no transfiere los recursos necesarios”. Ambos argumentan que los territorios históricamente rezagados, como los ubicados en el Caribe colombiano, necesitan mayores capacidades financieras para cerrar sus brechas sociales.
Esos recaudos, sin embargo, tienen luces y sombras. Si bien financian obras que han mejorado la calidad de vida de los barranquilleros, su imposición ha sido cuestionada por la falta de debate ciudadano, su impacto sobre el sector empresarial y una ejecución, en ocasiones, opaca.
*Este contenido forma parte de una investigación periodística que fue posible gracias a la ‘Convocatoria para la cobertura de temas de justicia fiscal en Colombia’, impulsada por la Fundación Gabo en alianza con Oxfam Colombia y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.