Estados Unidos ha descertificado a Colombia en la lucha contra las drogas. Esta noticia no es sorprendente, sino la consecuencia lógica de un gobierno que, lejos de fortalecer las instituciones encargadas del orden público, las ha debilitado de manera sistemática, como si el objetivo fuera allanarle el camino al narcotráfico, a las guerrillas y a la delincuencia común.
Las Fuerzas Militares han sido uno de los principales objetivos. Petro ha retirado a oficiales con trayectoria y ascendencia en la tropa y los ha reemplazado por mandos dóciles a su proyecto político. Además, nombró ministro de Defensa a un general retirado, situándolo por encima de oficiales activos de mayor rango, lo que contradice abiertamente la ortodoxia y la tradición militar. La inconformidad es evidente: en el estamento castrense, el respeto jerárquico es un principio esencial y su quiebre mina la moral de las tropas.
Pero no se trata solo de los nombramientos. El símbolo también cuenta. Petro, un exguerrillero que combatió contra el Estado, viste gorras y ropa militar verde, como si fuera el comandante en jefe en el sentido literal del término, y no el presidente civil de una república democrática. Se trata de un gesto provocador que recuerda más a Fidel Castro que a un mandatario respetuoso del fuero militar. En Colombia, solo los miembros de las Fuerzas Armadas usan ese uniforme, por lo que si un político lo lleva, confirma su pulsión autoritaria.
La parálisis frente a los grupos armados ilegales completa el cuadro. El Ejército ha quedado inerte ante el avance de las disidencias de las Farc y el Eln, que se hacen con regiones estratégicas para el cultivo de coca y el control de rutas. Catatumbo, Cauca, Jamundí... Los informes internacionales son contundentes: la UNODC informó de que la producción de cocaína en Colombia aumentó un 53 % y, en 2023, se alcanzaron unas 253.000 hectáreas de coca, una cifra récord. La erradicación ha disminuido, los objetivos se han reducido y la guerrilla avanza donde el Estado retrocede.
A esto se suman episodios oscuros, como los contactos del propio presidente y de su hermano con presos con pasado criminal, e incluso gestos tan inaceptables como sacar reclusos de una cárcel para asistir a un acto político en Medellín. Y, como colofón, se nombra a personas sin experiencia policial o militar en puestos estratégicos de seguridad para hacer frente a la delincuencia organizada.
¿Resultado? Washington nos descertifica. No es porque “el imperio” tenga algo personal contra Petro, sino porque las cifras y los hechos hablan por sí solos: más coca, más violencia, menos Estado. Las consecuencias económicas serán duras: reducción de la cooperación, desconfianza internacional y mayores trabas financieras.
La tarea de Petro está cumplida: ha debilitado al Estado, ha fracturado a las Fuerzas Armadas y ha abierto la puerta al narcotráfico y a la guerrilla. La descertificación no es más que el sello oficial de una política que, con método y cálculo, ha empujado a Colombia hacia el abismo.
*Periodista. Internacionalista especializado en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario.