En los últimos meses, el Ministerio de Minas y Energía ha venido considerando decisiones, a través de proyectos de ley y resoluciones, que trasladan crecientemente el peso de la crisis del sector eléctrico a los usuarios de mayores ingresos.
Aunque el origen de los problemas de las electrificadoras del Caribe son anteriores a este gobierno, este enfoque, que consiste en cobrar más a unos para cubrir déficits ajenos, ya no es una medida excepcional: está haciendo carrera como modelo de política pública.
La más reciente resolución en trámite lo confirma: un incremento cercano a ocho pesos por kilovatio hora en el componente de restricciones de la tarifa a nivel nacional para pagar las deudas de AIR-e, empresa intervenida por el propio Gobierno. En otras palabras, millones de usuarios en todo el país asumirán el costo de errores regulatorios, operativos e institucionales concentrados en una región específica.
El planteamiento recuerda al viejo relato de Robin Hood: quitarle a los “ricos” para dar a los “pobres”. El problema es que, en el sector eléctrico, este enfoque tiene límite y riesgos.
Primero, porque las tarifas no son un instrumento infinito. Castigar reiteradamente a los mismos usuarios —hogares y empresas formales— termina afectando la competitividad, el empleo y la inversión productiva. Cada peso adicional en la factura, sobre todo en el Caribe, tiene efectos negativos en el crecimiento económico.
Segundo, porque se sustituye la solución estructural por un paliativo temporal. Las pérdidas técnicas y comerciales, el bajo recaudo, la fragilidad financiera de los operadores y la debilidad institucional no siempre se superan trasladando cuentas entre usuarios. Se corrigen con gestión, inversión, control y reglas claras.
Y tercero, porque se crea un incentivo perverso: si las malas decisiones siempre se socializan vía tarifa, la disciplina financiera pierde rigor. El mensaje implícito a futuro es que el sistema siempre encontrará a quién cobrarle.
La solidaridad es un principio legítimo y necesario en un país desigual como Colombia. Pero convertirla en el eje permanente de la política tarifaria no es justicia social: es postergar el problema.
El sector eléctrico requiere una reforma seria, técnica y transparente que ataque las causas reales de la crisis en la Costa Caribe y en otras regiones vulnerables. No un nuevo modelo de Robin Hood financiero que redistribuya facturas mientras la estructura que produce el déficit permanece intacta.
*Analista sector energético.