Hay malestar en el sector eléctrico por el uso de la figura de la emergencia económica por parte del Gobierno nacional para intervenir directamente el sistema. No solo por el precedente institucional que se abre, sino por la forma como se están distribuyendo las cargas de una crisis que es estructural.
Mientras la Corte Constitucional decidió revisar el decreto de emergencia a su regreso de vacaciones, el Ejecutivo avanzó con medidas impositivas de alto impacto o de alto voltaje. El Decreto 044 de 2026 grava a los generadores con el 2,5 % de sus utilidades y obliga a los generadores hidráulicos a entregar el 12 % de la energía que venden en bolsa, valorada al menor precio del mercado.
Según el propio decreto, estas decisiones se justifican por la grave crisis de liquidez del sector, el riesgo de incumplimientos en el mercado mayorista, la amenaza a la confiabilidad del sistema interconectado nacional y la situación crítica de una empresa intervenida en el Caribe: AIR-e. Ese es el diagnóstico oficial.
El problema es que un desequilibrio que involucra a toda la cadena eléctrica se está enfrentando con una solución concentrada en un solo eslabón. Generación.
Y ahí surge una pregunta inevitable: ¿por qué la solidaridad obligatoria recae únicamente sobre un actor, cuando los problemas provienen también de deficiencias en distribución, comercialización, política de subsidios, regulación, gestión empresarial y financiación pública?
He sostenido, y lo desarrollo de manera detallada en mi libro Se hizo la luz: energía y desarrollo para el Caribe colombiano, que las crisis tarifarias y operativas del sector no se resuelven trasladando el costo a un solo grupo de agentes o usuarios, sino construyendo esquemas de corresponsabilidad entre todos los participantes del sistema: empresas, Estado, regulador y usuarios, cada uno según su capacidad y su rol.
La solidaridad es necesaria en un servicio público esencial. Pero debe ser equilibrada, transparente y orientada a corregir fallas estructurales: redes obsoletas, pérdidas técnicas y no técnicas, bajo recaudo, distorsiones regulatorias y una política de subsidios crónicamente desfinanciada.
No es solidario, en la práctica, cubrir la crisis financiera de una sola empresa intervenida, cuyo deterioro se produjo además bajo administración estatal.
Coincido con el gremio de térmicos en que terminar pagando la deuda de una compañía en crisis con impuestos aplicados a sus propios acreedores es una señal económica discutible pero, además, jurídicamente delicada.
Por eso es fundamental que la Corte Constitucional evalúe con prontitud la proporcionalidad y la conexidad de estas medidas. Y que, mientras tanto, Gobierno y gremios actúen con responsabilidad para evitar que una decisión adoptada en nombre de la estabilidad termine trasladando las tensiones a los usuarios finales.
En un sistema interconectado, el problema de uno termina siendo el problema de todos. Pero la solución no puede ser que todos dependan del sacrificio de uno solo.