De acuerdo con El País, las lluvias extremas e inusuales de los últimos meses, junto con las descargas extraordinarias del embalse Urrá, comprometieron el 12,6% del PIB de Córdoba, con pérdidas estimadas entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. De las 19.390 empresas activas en la zona, 8.389 dejaron de operar, y la recuperación de lo devastado podría costar al menos 900.000 millones de pesos, además de muchos meses para lograr alguna estabilización de los terrenos.
Esta catástrofe no tiene origen exclusivo en la meteorología. Greenpeace ha advertido que el Sinú desbordado afectó a más de 140.000 personas y dejó bajo el agua hasta el 80% del territorio en algunos municipios. La tragedia tampoco puede explicarse solo por el clima, cayó sobre territorios con ordenamiento deficiente, humedales destruidos y una gestión del riesgo precaria y tardía. WWF coincide en esa lectura: aquí opera un riesgo acumulado, alimentado por viviendas en zonas frágiles, deforestación y ausencia de planificación territorial. El calentamiento global intensificará lluvias y sequías, pero los impactos crecerán mucho más mientras persista el desprecio por la adaptación al cambio climático.
Mientras tanto, en esta aldea inundada por basuras, en vez de convertir la evidencia científica en hoja de ruta, la administración local y la regional parecen empeñadas en profundizar la fragilidad. Proyectos recientes como el malecón arenoso que avanza sin una protección costera seria, la destrucción de manglares para abrir visuales desde los carros o facilitar la apropiación de terrenos, y la remoción de bosque para levantar miradores panorámicos, empujan el territorio en la dirección equivocada. La paradoja resulta aterradora: invertimos recursos públicos no para reducir riesgos, sino para fabricar nuevos daños, trasladar costos al futuro y condenar la ciudadanía a reconstrucciones permanentes.
La lección también alcanza obras mayores, como el Canal del Dique. Sin incorporar escenarios climáticos rigurosos, ninguna compuerta, esclusa o dragado resolverá el problema de fondo. Toda obra pública debería nacer con la variable climática en el centro y con un propósito elemental: amortiguar los golpes del clima, no multiplicarlos. Eso obliga a proteger manglares, humedales, bosques urbanos y periféricos, además de fortalecer barreras verdes dentro de una planeación territorial estricta. Aprender de Córdoba implica no normalizar que cada temporada vuelva a dejarnos bajo el agua. Pero aquí seguimos atrapados en la política del aplauso fácil, la foto inaugural y la improvisación permanente.
Desde la Alcaldía, la Gobernación, el Concejo, la Asamblea y el Congreso no aparece todavía una política seria para cambiar el rumbo. Al final solo quedará el viejo consuelo de los irresponsables: lamentar lo que pudimos hacer y no hicimos.
*Profesor