Cada vez que el mundo necesita a la ONU de verdad, la ONU no está. O está, pero no puede hacer nada. Ochenta años después de que la fundaran para que no hubiera más guerras, vale la pena preguntarse: ¿en qué quedaron las Naciones Unidas? Hay propuestas de reforma sobre la mesa. Lo que falta es que alguien tenga la voluntad de ponerlas en marcha.
Ausente en las grandes crisis del presente
Cuando las tropas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesionó en Nueva York. Condenó. Debatió. No decidió nada. Cuando las bombas israelíes cayeron durante meses sobre Gaza y murieron decenas de miles de civiles antes de que siquiera se aprobara una resolución de cese al fuego, el Consejo de Seguridad volvió a sesionar. Debatió. Siguió paralizado. Cuando en Sudán, desde 2023, escaló una de las peores catástrofes humanitarias del mundo —cientos de miles de muertos, millones de desplazados, violencia masiva sistemática— la comunidad internacional respondió con silencio, interrumpido apenas por declaraciones de consternación.
Trump se reunió con Xi: más cálculo que cambio de rumbo
Hans BlumenthalY ahora Irán. El 28 de febrero de 2026, Israel y los Estados Unidos lanzaron su guerra “Epic Fury” contra Irán con ataques que, según el Pentágono, desplegaron el doble de potencia de fuego que la campaña de “Shock and Awe” al inicio de la guerra de Irak en 2003. Los primeros golpes mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y a varios altos mandos militares y políticos. Irán respondió lanzando cientos de cohetes y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en toda la región, y bloqueando el estrecho de Ormuz. Un año antes, en junio de 2025, en la “Operación Rising Lion”, habían atacado instalaciones nucleares iraníes —un día después de que la Casa Blanca anunciara una nueva ronda de negociaciones. En ambos casos, operaciones de engaño coordinadas con participación activa de Trump. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución, pero iba dirigida contra los contraataques iraníes sobre los países del Golfo, no contra los ataques iniciales que violaron el derecho internacional. Eso dice más sobre el estado de la organización mundial que muchas estadísticas.
La pregunta del título no es retórica: es una de las más importantes del momento. La organización fundada tras dos guerras mundiales para prevenir futuras masacres parece estar ausente justo cuando más se la necesita —o presente de forma selectiva, según los intereses que estén en juego.
¿Qué le pasó?
¿Un monstruo burocrático o víctima de las circunstancias?
La respuesta más fácil viene de Washington. Donald Trump, a su manera, ha descrito repetidamente a la ONU como una maquinaria administrativa inflada, un aparato burocrático ineficiente que devora recursos de los contribuyentes estadounidenses sin entregar resultados. En enero de 2025, su gobierno retiró a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el clima; en febrero, del Consejo de Derechos Humanos.
Esta visión es populista, pero no está del todo equivocada. El propio secretario general António Guterres reconoció que el sistema de la ONU celebra anualmente alrededor de 27.000 reuniones en 240 órganos, que una quinta parte de los informes de la Secretaría registra menos de mil descargas, y que más del treinta por ciento de los temas de resolución del año 1990 seguían en la agenda en 2024. La organización comprende hoy unas 140 unidades distintas, incluidas 67 dependencias y oficinas solo en la Secretaría. Décadas de crecimiento de mandatos sin consolidación han creado una estructura que adolece de autocomplacencia burocrática.
Pero quien reduzca la crisis de la ONU a su tamaño administrativo no entiende sus causas reales: los déficits institucionales son secundarios.
La crisis endógena: defectos de origen y parálisis constitucional
Las Naciones Unidas padecen un problema de diseño constitucional que ya estaba incorporado en su fundación en 1945. En el Consejo de Seguridad —el único órgano que puede adoptar decisiones vinculantes en derecho internacional— cinco potencias tienen derecho de veto: los Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Esta configuración refleja los compromisos políticos de una coalición de potencias vencedoras —y la correlación de fuerzas de 1945, no la de 2026.
Richard Haass, presidente durante muchos años del Council on Foreign Relations y uno de los analistas estadounidenses más influyentes del sistema internacional, sintetiza con precisión esta debilidad de diseño: la ONU nunca fue concebida como un instrumento que una gran potencia pudiera usar contra otra —precisamente por eso se les dieron vetos a las cinco. No debería sorprender, entonces, que la ONU sea incapaz de actuar cuando no están de acuerdo. Para Haass, esto no es un fracaso: es exactamente el funcionamiento del sistema que fue construido.
Hoy la parálisis se muestra en cifras crudas. En 2024, los miembros permanentes ejercieron ocho vetos —la cifra más alta desde 1986. En 2025, el Consejo de Seguridad adoptó solo 44 resoluciones, el número más bajo desde 1991. En el caso de Gaza, los Estados Unidos bloquearon con su veto cuatro propuestas de cese al fuego antes de que el Consejo aprobara una resolución en marzo de 2024, 171 días después del inicio del ataque israelí. En la guerra de Ucrania, Rusia bloquea como agresor y al mismo tiempo como potencia con veto cualquier mecanismo que pudiera frenar su propia agresión. Los delegados de Liechtenstein recordaron en la Asamblea General de 2025 que solo ese año se habían ejercido cuatro vetos más —en Gaza, Sudán, Corea del Norte y Mali— y que la Carta prevé expresamente que ninguna parte en una disputa vote en asuntos en los que está directamente involucrada. Rusia vota todos los días sobre su propia guerra.
A esto se suma un problema de representación que socava la legitimidad de la organización. Desde su fundación, el número de miembros se ha cuadruplicado y la población mundial ha pasado de 2.500 a 8.000 millones de personas. Sin embargo, antiguas potencias coloniales que representan a una minoría de la humanidad ocupan escaños permanentes, mientras continentes enteros carecen de representación permanente. India —el país más poblado del planeta y una potencia nuclear— no tiene un puesto. Latinoamérica tampoco. Ni el continente africano, con 1.400 millones de personas.
La trampa de la reforma está sellada jurídica y políticamente. Una enmienda a la Carta requiere la aprobación de dos tercios de los estados miembros y la ratificación de los cinco permanentes —que pueden así bloquear cualquier reforma que reduzca su posición de poder, y lo hacen. En un orden multipolar, el poder está distribuido entre una constelación de actores regionales. Pero ese desplazamiento no se refleja en el Consejo de Seguridad.
La crisis exógena: el desmoronamiento del orden mundial que sostuvo a la ONU
Por serios que sean los déficits endógenos, la causa más profunda de la crisis de la ONU está fuera de la organización: en la disolución del orden mundial del que siempre dependió. Las Naciones Unidas nunca fueron un poder autónomo, sino un instrumento del consenso entre las grandes potencias. Ese consenso ya no existe. No se erosionó: se quebró.
El politólogo berlinés Herfried Münkler describió este proceso en sus rasgos estructurales fundamentales en su obra de 2023 Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert (El mundo en convulsión. El orden de las potencias en el siglo XXI) —galardonada con el Premio Bruno Kreisky al libro político—. Para Münkler, imponer un orden mundial basado en valores y normas supera las capacidades de Occidente. Los Estados Unidos, otrora policía del mundo, están en retirada; la ONU, a quien también se le había asignado ese papel, se bloquea a sí misma. Y los europeos sencillamente no están en condiciones de custodiar un orden mundial.
El análisis de Münkler va más allá: el mundo está en transición de un orden unipolar a uno multipolar, en el que, en lugar de un orden mundial cooperativo y liberal, regresa la política de poder clásica y los marcos normativos internacionales se erosionan progresivamente. El nuevo orden que emerge se basará menos en reglas y más en acuerdos entre las grandes potencias. Al primado del derecho le sucede el primado del poder. Münkler advierte sobre el peor escenario: si esos acuerdos fracasan, las consecuencias serían terribles —intereses bélicos que se superponen y se vuelven opacos, actores estatales que pierden el control de los acontecimientos.
Haass llega a un diagnóstico similar. En su obra A World in Disarray (2017), cuya perturbadora actualidad no ha hecho más que crecer, describió tempranamente el desmoronamiento del orden basado en reglas, y advirtió que la mayor ventaja estratégica de los Estados Unidos frente a rivales como China y Rusia es su red de alianzas —y que el enfoque de Trump arriesga dilapidar esa ventaja.
Pero Estados Unidos no es el único responsable. Rusia y China se sirven de una doble estrategia sutil: en el Consejo de Seguridad invocan la protección de la Carta de la ONU, mientras instrumentalizan o paralizan la institución. En una declaración conjunta de agosto de 2025, Putin y Xi se comprometieron a una reforma de la ONU que restaurara plenamente su autoridad —en particular mediante una democratización del Consejo de Seguridad con la incorporación de estados de Asia, África y América Latina. El mismo Putin que pocas semanas antes, en su calidad de presidente en ejercicio del Consejo de Seguridad, leyó una declaración de compromiso con la Carta de la ONU mientras su ejército continuaba bombardeando ciudades ucranianas.
De hecho, Pekín y Moscú tienen posiciones distintas frente a la reforma. China respaldó el Pacto para el Futuro de la Asamblea General de 2024, que incluye reformas al derecho de veto; Rusia lo rechazó y lo calificó de intento del Occidente colectivo de imponer nuevas obligaciones al Sur Global. Ambos usan la retórica del multilateralismo como instrumento de proyección de poder —no como compromiso con un orden verdaderamente basado en reglas.
China posiciona los BRICS como contrapeso del G7 y al mismo tiempo bloquea reformas del Consejo que recortarían su propia posición. Su expansión militar contradice directamente la retórica de una multipolaridad pacífica. Los países del Sur Global responden con equidistancia estratégica: participan en las instituciones del orden occidental sin comprometerse con ellas, y exploran alternativas —desde la Organización de Cooperación de Shanghái hasta alianzas bilaterales. Freedom House registró que 2024 fue el décimo noveno año consecutivo de retroceso democrático global. En un mundo donde las autocracias están en ascenso, la base normativa de la ONU —derechos humanos, democracia, prohibición del uso de la fuerza— no solo está operativamente debilitada, sino políticamente cuestionada.
La crisis financiera de la ONU como síntoma de voluntad política menguante
A estos factores estructurales se suma una crisis financiera aguda que va más allá de un problema presupuestario. En la primavera de 2025, los Estados Unidos adeudaban alrededor de 1.500 millones de dólares en contribuciones obligatorias; China, casi 600 millones. Decenas de otros estados pagaban tarde o simplemente no pagaban. El problema no es la ineficiencia burocrática en Nueva York —son los estados miembros que no cumplen sus obligaciones porque ya no lo consideran políticamente necesario. Las consecuencias son concretas: UNICEF espera una reducción del veinte por ciento de sus recursos, la OMS ha recortado su presupuesto 2026-2027 en un veintidós por ciento, y el ACNUR registra un déficit de 1.400 millones de dólares. La iniciativa de reforma ONU80 de Guterres, anunciada para el octogésimo aniversario de la organización, corre el riesgo de convertirse en un simple plan de austeridad —un recorte presupuestario de facto que golpea principalmente al personal operativo que cumple las funciones esenciales.
Propuestas de reforma: ¿qué sería posible?
El debate de reforma abre tres caminos. La propuesta más ambiciosa contempla transformar el Consejo de Seguridad en un proceso de dos fases: primero, ampliarlo con nuevos miembros permanentes sin derecho de veto; luego, convertir progresivamente los cinco escaños permanentes en mandatos renovables de diez años sin veto —al final un Consejo de 25 miembros, ninguno permanente, ninguno con veto. Es la propuesta radical, y es políticamente casi inviable —pero define el horizonte conceptual.
Más realista parece una vía intermedia: cuatro nuevos miembros permanentes de África, Asia y América Latina, elegidos por la Asamblea General, inicialmente sin derecho de veto, combinado con una revisión automática de la Carta cada veinticuatro años. La posición africana, la llamada fórmula del Consenso de Ezulwini, exige once escaños adicionales y derechos de veto plenos para los miembros africanos —una señal de que el Sur no aceptará una membresía de segunda clase. En cuanto al veto en sí, Francia y México lanzaron conjuntamente una propuesta pragmática: un compromiso voluntario de los P5 de no ejercer el veto en casos de crímenes masivos y genocidio. Suena modesto —y lo es. Pero es posiblemente el máximo alcanzable bajo las actuales correlaciones de fuerza.
Externamente, Haass y otros analistas reflexionan sobre arquitecturas complementarias. El concepto de World Order 2.0 de Haass apuesta por la noción de obligación soberana —la soberanía no solo como derecho, sino como responsabilidad—: coaliciones de los dispuestos, formadas ad hoc por estados cuya participación es indispensable para un problema específico, podrían actuar donde la ONU falla. Münkler apunta en la misma dirección, aunque con mayor pesimismo: el nuevo orden mundial se basará en acuerdos entre las grandes potencias —menos institucionalizado, menos jurídico, pero más sobrio en términos de política de poder.
¿Qué queda, qué viene?
La ONU no está muerta. Pero se mueve en un interregno peligroso —entre un orden mundial que la sostuvo y uno nuevo que todavía no le ha reservado un lugar. En ese espacio intermedio sigue cumpliendo funciones indispensables: como agencia humanitaria, como productor de normas, como plataforma mínima para estados que de otro modo no tendrían voz. Eso no es poca cosa. Pero está muy lejos de lo que los fundadores en San Francisco tenían en mente en 1945.
La pregunta ya no es si el orden mundial liberal puede salvarse, sino si el orden multipolar emergente sigue siendo orden —o si se desliza hacia una anarquía en la que la violencia militar se convierte en opción normal para imponer intereses. Lo mínimo que puede hacer la ONU es fortalecer lo que sí controla —mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria, producción normativa— y no arruinarlo mediante el autobloqueo y la subfinanciación.
En los escombros de Gaza, en las fosas comunes de Sudán, en los cráteres de bomba de Ucrania y en el Irán en llamas está la respuesta a la pregunta de en qué quedó todo eso. La ONU no ha desaparecido. Pero donde más urgentemente se la necesitaría, no puede hacerse políticamente eficaz ni visible.
Ese es el veredicto tras ochenta años de Naciones Unidas. ¡Ojalá sea provisional!