La alta tasa de siniestros viales en el país por exceso de velocidad es un asunto serio que requiere de atención nacional y local. Durante 2025, 51 personas fallecieron por siniestros viales en Cartagena, y la cifra ha aumentado de forma preocupante con más de 70 muertes en lo corrido de este año. El exceso de velocidad incrementa la probabilidad de un siniestro vial porque disminuye el tiempo con el que cuenta un conductor para reaccionar ante cualquier eventualidad mientras conduce. Adicionalmente, incrementa sus consecuencias graves, implicando lesiones o la muerte para peatones, ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículos. En Cartagena, aproximadamente3 de cada 5 siniestros viales ocurren por exceso de velocidad. Prevenir estos siniestros salva vidas, y hacerlo de manera técnica permite que las medidas sean sostenibles y efectivas.
Este trabajo no depende únicamente del apoyo que ya ofrecen las cámaras de fotodetección en corredores viales estratégicos. Quienes gestionan las vías en Colombia deben tomar decisiones basadas en evidencia. Precisamente ese es el propósito de los Planes de Gestión de la Velocidad que establece la Ley Julián Esteban: que puedan contar con una hoja de ruta para identificar los puntos críticos de sus vías, definir límites de velocidad acordes con el entorno, fortalecer el control y evaluar resultados. Contar con un plan que identifique los lugares de mayor riesgo en las vías, y ofrezca estrategias para atenderlos, es una herramienta vital para prevenir siniestros viales.
Las ciudades y departamentos contaron con casi tres años para diseñar e implementar estos Planes de Gestión de la Velocidad, ya que tenían que estar publicados a más tardar en junio de 2025. Sin embargo, pasada esa fecha muchas entidades no cumplieron, entre ellas Cartagena. El contraste es evidente con ciudades de la costa caribe como Santa Marta y Barranquilla, que ya han avanzado en la formulación e implementación de estos planes, siguiendo los lineamientos nacionales y apostando por una movilidad más segura.
Desde Dejusticia identificamos algunas ciudades y departamentos con altas tasas de siniestralidad vial que no contaban con un plan publicado y acudimos a los estrados judiciales para exigir que cumplan con su obligación. En el caso de Cartagena, así como en Palmira y Villavicencio, los jueces nos dieron la razón y conminaron a que se publiquen estos planes de gestión de la velocidad pronto. Esta respuesta desde lo judicial confirma la importancia de planificar mejor las vías para prevenir muertes en ellas, que gestionar esos tramos viales es una obligación exigible a las autoridades a lo largo del territorio nacional, y que este es un asunto serio que se le debe atender cuanto antes.
La creación de los Planes de Gestión de la velocidad de la Ley Julián Esteban representa una oportunidad para transformar la seguridad vial en Colombia. Las ciudades y departamentos no deben esperar a que las estadísticas sigan creciendo para actuar. Contar con un plan es una obligación legal y, sobre todo, un compromiso ético que busca salvar vidas de muchos actores viales.