Salir de los combustibles fósiles es indispensable, pues la crisis climática no deja margen para la inacción. Pero la discusión decisivaya no es si abandonar el carbón, el petróleo o el gas: es, esencialmente, cómo transitar hacia otro modelo energético que no sacrifique las comunidades y los territorios de siempre.
A finales de abril se realizará en Santa Marta la Primera Conferencia para una Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, liderada por Colombia y los Países Bajos. Allí se busca construir una coalición de países que impulsen, en escenarios como las COP y más allá, esta iniciativa. La conferencia debe abordar los retos de reemplazar los combustibles fósiles, así como los impactos de las energías renovables y la transformación territorial; pero, ante todo, seguir imaginando una transición energética justa.
Una transición puede ser necesaria y, al mismo tiempo, injusta. Puede apuntar a la reducción de emisiones globales mientras profundiza desigualdades locales. Puede cerrar minas sin escuchar a quienes durante décadas cargaron con sus costos. Puede instalar parques eólicos, proyectos solares o de hidrógeno verde reproduciendo viejas prácticas de enclave y despojo.
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TATIANA VELÁSQUEZPor eso, la conferencia es una oportunidad para pensar la transición desde la redistribución de beneficios para reducir las desigualdades, la participación vinculante de las comunidades, la financiación justa y directa a las iniciativas locales, evitando el extractivismo de nuevas industrias “verdes” y haciendo responsables a las empresas extractivas por los impactos acumulativos de su actividad.
Colombia también necesita esta discusión. En una decisión del año pasado, sobre los planes de Glencore en las minas Calenturitas y La Jagua, en el Cesar, la Corte Constitucional recordó que salir del carbón sin garantizarla participación efectiva de las comunidades afectadas genera injusticias. La salida debe tener reglas, derechos y garantías. Pero esta decisión judicial, que resalta algo apenas evidente, parece no haber caído bien en la empresa, quien decidió demandar de vuelta al Estado colombiano ante un tribunal internacional de inversiones.
En el caso de la llegada de las energías renovables al Caribe colombiano, y especialmente en La Guajira, ya se ve con fuerza que la transición no puede pensarse solo como un reemplazo tecnológico. Hemos evidenciado, en la llegada de la energía eólica, disputas por el territorio, por derechos como el agua potable, por la representación y participación de las comunidades, por el reconocimiento de sus formas de vida y por el tipo de futuro que se quiere construir.
Por eso, en Santa Marta, hablar de transición en lo global debe ser comprometerse con los derechos humanos y la justicia fiscal, ambiental, social, y económica en lo territorial. Sin esa mirada multidimensional, la promesa de salir de la economía fósil puede terminar repitiendo las mismas desigualdades que dice querer superar.
*Investigador principal y pasante de Empresas y Derechos Humanos en Dejusticia