“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”: Marcel Proust.
En el análisis de la conducta humana y especialmente en el ámbito judicial no basta con describir lo que ocurrió. Es imprescindible comprender por qué ocurrió. No desde la intuición ni desde la emoción, sino desde la identificación rigurosa de las motivaciones, las razones y el sustrato psicológico que subyace a la conducta. Esta distinción no es un detalle académico; es, en muchos casos, la línea que separa una interpretación simplificada de una decisión judicial justa.
En los procesos de divorcio, en los conflictos de pareja, las emociones suelen hablar más alto que los hechos. El dolor, la frustración y la ruptura de un proyecto de vida compartido tienden a transformar la narrativa de la relación, muchas veces en términos absolutos: uno es el responsable, el otro la víctima; uno es el agresor, el otro quien ha resistido.
Sin embargo, cuando estas historias llegan a los estrados judiciales, ya no basta con lo que se siente o se recuerda. Se requiere comprender lo ocurrido desde una mirada técnica, objetiva y rigurosa. Es ahí donde la psicología forense cumple una función esencial: no juzga, no toma partido, no valida versiones; explica.
En mi experiencia como perito, uno de los errores más frecuentes es asumir que toda relación conflictiva implica necesariamente la existencia de maltrato psicológico o violencia de género. Si bien estas formas de violencia son reales, graves y deben ser visibilizadas y sancionadas, no todo vínculo deteriorado responde a esta lógica.
Existen relaciones marcadas por la evitación del conflicto, por la dificultad para comunicarse emocionalmente, por la incapacidad de gestionar el desacuerdo. Relaciones en las que no hay golpes ni insultos sistemáticos, pero sí silencios prolongados, tensiones no resueltas y una desconexión progresiva. ¿Generan daño? Sí. ¿Son saludables? No necesariamente. ¿Constituyen violencia estructurada? No siempre. ¿Son violencias mediadas por la asimetría de poder? No.
La diferencia no es menor. Confundir conflicto con violencia no solo distorsiona la comprensión del problema, sino que puede tener implicaciones profundas en decisiones judiciales, dinámicas familiares y percepciones sociales.
Otro aspecto relevante es la tendencia a explicar las conductas a partir de factores como el consumo de alcohol o supuestas alteraciones psicológicas. Desde la evidencia científica, sabemos que no todo consumo es problemático, ni toda conducta disfuncional es producto de un trastorno mental. En muchos casos, lo que se observa es la interacción entre rasgos de personalidad, como la evitación, la impulsividad, baja percepción de riesgo y contextos relacionales cargados de tensión.
No todo comportamiento que genera malestar responde a una intención de dañar, ni toda dificultad relacional implica una estructura de violencia. Por eso, el análisis técnico no se limita a lo que ocurrió, sino a cómo funciona psicológicamente quien estuvo involucrado y qué variables influyen en su conducta.
Porque cuando confundimos las motivaciones y el sustrato psicológico de una conducta, no solo interpretamos mal una relación: distorsionamos la justicia. Las normas están diseñadas para proteger, no para ser utilizadas como herramientas de ventaja en conflictos personales. Cuando se instrumentaliza la ley desde prejuicios, versiones incompletas o lecturas simplificadas de la conducta humana, se corre el riesgo de convertir el sistema de justicia en un escenario de validación emocional y no de verdad jurídica.
Decisiones tomadas sobre bases imprecisas pueden derivar en sanciones desproporcionadas, uso indebido de agravantes, afectación de derechos fundamentales y medidas que no resuelven el problema de fondo. Y aún más grave: debilitan la credibilidad del sistema y desdibujan la protección de quienes realmente están en situación de violencia.
La ley no puede, ni debe, ser utilizada como un instrumento de beneficio personal. Su fuerza radica en su aplicación rigurosa, técnica y justa. Por eso, entender qué hay detrás de una conducta no es un ejercicio teórico: es una condición necesaria para que las decisiones judiciales sean legítimas, proporcionales y orientadas a la prevención real del daño.
En tiempos donde las relaciones humanas se analizan cada vez más desde categorías rígidas: tóxico, violento, manipulador..., es necesario recuperar la complejidad, no para minimizar el sufrimiento, sino para comprenderlo mejor. Porque en justicia, como en la vida, no todo es blanco o negro, entender esa escala de grises puede marcar la diferencia entre una interpretación y una verdad. En palabras de Oscar Wilde, “La verdad rara vez es pura y nunca es simple”.
*Phd.