La llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional ha estado rodeada de graves cuestionamientos, pues este camino al parecer se pavimentó con contratos y nombramientos entregados durante su paso por la Defensoría del Pueblo, principalmente, a familiares de quienes después lo eligieron.
El primer paso fue la terna elaborada por la Corte Suprema de Justicia, donde 10 magistrados se declararon impedidos por vínculos derivados de nombramientos o contratos otorgados por Camargo a ellos o a sus familiares. Ninguno fue aceptado, así que todos participaron en la votación, sin que lleguemos a saber el respaldo real de esos vínculos, pues el voto es secreto.
El segundo paso ocurrió en el Senado, que lo eligió el 3 de septiembre de 2025. Allí, 11 senadores presentaron impedimentos por: relaciones contractuales o de nombramientos con el entonces Defensor del Pueblo. Los impedimentos fueron negados y los 11 participaron en la elección, es decir: quienes tenían razones para apartarse fueron quienes lo eligieron.
Del teatro El Coliseo a la Cinemateca Distrital
RICARDO CHICA GELIZHoy cursan 15 demandas de nulidad contra ese proceso ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, y aquí está el tercer paso. De acuerdo con información revelada por el periodista Daniel Coronell, Camargo habría nombrado incluso a familiares de magistrados del Consejo de Estado, es decir, de quienes deberán decidir sobre su permanencia en el cargo. La pregunta entonces es inevitable: ¿es posible hablar de independencia judicial en estas condiciones?
La elección de Camargo refleja una práctica que la Constitución en el artículo 126 prohíbe: el intercambio de favores como mecanismo de acceso al poder. La lógica del “yo te elijo, tú me eliges” atenta contra la legitimidad institucional y debilita la confianza ciudadana. No es la primera vez que esto ocurre. En 2012, Alejandro Ordóñez fue reelegido como Procurador usando una lógica similar de favores a cambio de votos, y el Consejo de Estado anuló esa elección. Camargo parece haber replicado la estrategia.
Como si esto no fuera suficiente, su elección terminó de sepultar la posibilidad de tener una Corte con la necesaria inclusión de mujeres, al ser el sexto hombre elegido de 9 magistrados. El número de magistradas disminuyó a 3 sin ninguna justificación, en contravía de la obligación de garantizar una participación paritaria, acercando progresivamente a las mujeres a una presencia del 50% en el poder.
En definitiva, cuando los nombramientos en las cortes quedan bajo sospecha, se erosiona la credibilidad de la justicia al poner en duda la independencia e imparcialidad de quienes la integran. Por ello, la decisión del Consejo de Estado no solo definirá la permanencia de Camargo, sino que impactará en el tipo de instituciones que construimos en un país donde el acceso a los más altos cargos podría depender de favores.
(*) Investigadora de Dejusticia