A tres meses de finalizar el actual gobierno, y en medio del reciente recrudecimiento de la violencia en Colombia, es necesario hacer un balance de la política de “paz total” que supere las lecturas ideológicas y se sustente en evidencias.
Existe un consenso relativamente amplio en la academia, centros de pensamiento y organismos internacionales: el deterioro de la seguridad no comienza con este gobierno. Sin embargo, también hay coincidencia en que, durante el proceso de la “paz total”, se ha registrado un incremento de la violencia: homicidios, extorsión, secuestro, desplazamiento y confinamiento.
Diversos informes técnicos identifican tres problemas estructurales. Primero, debilidades de diseño e implementación: ceses al fuego sin mecanismos robustos de verificación y alivios judiciales sin condiciones exigibles claras. Segundo, un progresivo debilitamiento de la política de seguridad, evidenciado en una menor presión operativa y en mensajes ambiguos hacia la Fuerza Pública. Tercero, la apertura de procesos de negociación con grupos que mantienen control territorial y economías ilegales, sin una presencia estatal efectiva que contrarreste su poder.
Estas dinámicas han generado incentivos que favorecen la expansión territorial y el fortalecimiento económico y militar de algunos actores armados. A ello se suma una creciente percepción de caos total: multiplicidad de mesas de diálogo y anuncios retóricos sin una arquitectura clara de prioridades ni criterios de evaluación. Sin embargo, la política de paz total plantea un dilema de fondo: ¿es legítimo que el Estado negocie con estructuras armadas cuya racionalidad está guiada principalmente por economías ilegales y no por fines políticos reconocibles?
A diferencia de los procesos anteriores —como el adelantado con las Farc—, en los que existía un componente ideológico, buena parte de los grupos actuales operan en torno al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esto introduce una tensión distinta entre negociación y sometimiento.
Si el conflicto es predominantemente criminal, la pregunta deja de ser únicamente si se negocia o no, y pasa a ser qué se negocia: ¿la ley, las penas, las condiciones de sometimiento o simplemente una reducción temporal de la violencia? La tradición jurídica ha diferenciado con claridad entre negociación política y sometimiento a la justicia. Diluir esa frontera puede afectar la legitimidad del Estado y generar incentivos ambiguos, especialmente si los actores armados perciben que la violencia sigue siendo un mecanismo eficaz de negociación.
En este contexto, las propuestas de los candidatos presidenciales reflejan caminos distintos: desde la continuidad de la “paz total” hasta una renovada versión de la seguridad democrática. Sin embargo, todas cometen un error común: identificar paz con negociación y contraponer seguridad y paz. Ninguna parece abordar plenamente el problema de fondo: ¿cuál es el propósito final de negociar o someter y cuál es la estrategia para sustituir las economías ilegales que sostienen el conflicto? Sin integrar paz y seguridad —y sin responder a estas preguntas—, cualquier política corre el riesgo de producir soluciones transitorias, más simbólicas que efectivas.
*Profesor universitario.