A la hora de conseguir información pública sobre ciertos actores del poder hay que tocar muchas puertas y llenarse de paciencia. Es lo que nos ha pasado, en La Contratopedia Caribe, con una petición relacionada con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, que enviamos hace un año.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) informarnos sobre la investigación que anunció tras el siniestro vial del 10 de enero de 2025, en el que estuvo implicado un vehículo del esquema de seguridad del mandatario.
Ese día, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la muerte de un adulto mayor después de ser arrollado por una camioneta Toyota que se movilizaba por la avenida Pedro de Heredia, a la altura del Castillo San Felipe.
Cuatro días después, el 14 de enero, La Contratopedia publicó que ese vehículo estaba asignado al esquema de seguridad de Arana y que, al momento del siniestro, cumplía labores para la primera gestora departamental Angélica Salas. A los pocos días de nuestra publicación, la UNP aseguró que el vehículo era conducido por una persona no autorizada y anunció una investigación.
Tras ese anuncio, el 23 de mayo de 2025, La Contratopedia le envió a la UNP una petición de información pidiendo detalles sobre el estado de la investigación y las características del esquema de seguridad del gobernador.
Una semana después, el 30 de mayo, la entidad nos negó parcialmente el acceso a la información. ¿El argumento? Reserva legal basada en la seguridad nacional y el derecho a la intimidad, pese a que no estábamos pidiendo datos sensibles del mandatario.
Radicamos un recurso de insistencia y, el pasado 29 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la información fue “mal negada” y le ordenó a la UNP entregarnos los datos solicitados.
El Tribunal estableció que ocultar detalles bajo un velo de reserva absoluta contraviene el derecho a la verdad que asiste a la ciudadanía y es un asunto de debida diligencia de las entidades públicas.
Además, los magistrados justificaron su decisión recordando que la naturaleza del hecho es de alto interés público, porque involucra a un servidor público y el uso de recursos del Estado. También indicaron que informar sobre el proceso no pone en riesgo la seguridad personal del gobernador ni la seguridad nacional, y fueron enfáticos en advertir que la protección legal de la población en riesgo no puede extenderse automáticamente para cubrir presuntas irregularidades administrativas o siniestros que afecten a particulares.
La UNP tendrá que entregarnos la información. Porque cuando un vehículo oficial asignado al esquema de seguridad de un gobernador termina involucrado en un siniestro vial que deja a una persona muerta, el asunto no puede diluirse entre silencios institucionales, reservas genéricas y la crónica opacidad informativa del Estado colombiano.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.