La crisis fiscal que enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó de ser una advertencia de los analistas para convertirse en una realidad inocultable. El déficit fiscal, que crece a un ritmo endiablado de $50 billones anualmente, el aumento sostenido del endeudamiento público, la caída de los ingresos tributarios y el desbordamiento del gasto han puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del Estado colombiano.
En mi modesto concepto, el hecho de que la exhausta caja de la Nación cayera un 45,7%, desde los $13,8 billones en abril de 2025 a los $7,5 billones, es solo la punta del iceberg. En efecto, estamos en presencia de un déficit estructural de las finanzas del Gobierno central, el cual refleja el descalce entre los ingresos del orden del 16.3% del PIB y el gasto, ¡que alcanza el 22.7%!
El Gobierno apostó a una ambiciosa expansión del gasto público sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica. Sin embargo, el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada terminaron afectando el recaudo fiscal, generando un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.
A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros provenientes del petróleo y el gas.
La situación se agrava por el incremento del servicio de la deuda pública. Hoy una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional debe destinarse a pagar intereses y amortizaciones, limitando el margen de maniobra del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. En otras palabras, el Gobierno dispone de menos recursos para atender las necesidades sociales porque una parte creciente del presupuesto está comprometida con la deuda.
El Gobierno central acusa un déficit primario de 3,6%, según la CEPAL, el más alto de Latinoamérica. El déficit fiscal cerró el año anterior en 6,4%. El abultado déficit y el creciente endeudamiento afectan la sostenibilidad fiscal, lo cual le ha valido a la Nación la rebaja de la calificación de la deuda soberana, así como el mayor costo de su deuda y de su endeudamiento, al punto que la mayor prima de riesgo le ha significado pagar tasas de colocación de su deuda que, como la más reciente, escaló hasta el 14.46%.
De ello se sigue una mayor erogación para cubrir el servicio de la deuda. Como botón de muestra tenemos la apropiación de $46 billones más en dicho rubro en el PGN para el 2027, partida que explica por sí sola el incremento del aforo presupuestal para el año entrante. Esta partida es la verdadera inflexibilidad del gasto público de que tanto se queja el Gobierno para justificar sus fallidos intentos de pasar una nueva reforma tributaria por el Congreso de la República.
El ajuste fiscal requerido será una ímproba tarea, puesto que implica adoptar decisiones difíciles pero necesarias: racionalizar el gasto, priorizar la inversión productiva, controlar el crecimiento del endeudamiento y fortalecer las fuentes permanentes de ingresos. No se trata únicamente de reducir el déficit en el corto plazo, sino de enviar señales claras de disciplina y responsabilidad fiscal.