Hay democracias que caen por un golpe militar. Otras por una reforma constitucional. Algunas, lentamente, se desmoronan mucho antes de que el ciudadano deposite el voto en la urna. Se derrumban cuando la sociedad deja de creer en sus propias reglas.
Ese es el verdadero peligro que hoy empieza a asomarse sobre Colombia.
No estamos viendo solamente una campaña electoral. Estamos observando la construcción progresiva de un relato político profundamente peligroso: la idea de que cualquier derrota del proyecto oficialista solo puede explicarse mediante fraude, manipulación o robo electoral.
Competencias claras, regiones fuertes
EDUARDO VERANO DE LA ROSAY allí comienza el abismo.
Colombia posee uno de los sistemas electorales más robustos de América Latina. No perfecto, pero sí profundamente trazable y controlado por múltiples actores. Aquí el voto sigue siendo físico, manual y verificable. Los jurados son ciudadanos sorteados aleatoriamente. Los partidos tienen testigos. Existen formularios físicos, escrutinios judiciales, reclamaciones, vigilancia multipartidista y observación nacional e internacional.
El software no “decide” las elecciones. El software transmite información preliminar. El resultado jurídico nace del escrutinio realizado por jueces de la República sobre documentos físicos.
Por eso resulta tan grave el intento de instalar anticipadamente la sospecha sobre todo el sistema.
La historia reciente de Venezuela debería servirnos como advertencia. Allí no fue la debilidad tecnológica lo que destruyó la confianza democrática. Paradójicamente, el sistema electoral venezolano era considerado altamente sofisticado: voto automatizado, auditorías, códigos QR, comprobantes físicos y actas verificables. Tanto así, que las actas originales terminaron convirtiéndose en la principal prueba de que el resultado proclamado no coincidía con la voluntad expresada en las urnas. El propio Centro Carter cuestionó la ausencia de publicación transparente de resultados desagregados.
El problema no fue solamente técnico. Fue político.
El poder decidió no reconocer aquello que el propio sistema permitía verificar.
Y ese es exactamente el fantasma que comienza a recorrer Colombia: no el de un fraude masivo comprobado, sino el de la construcción anticipada de una narrativa de ilegitimidad.
La lógica es sencilla y devastadora: si el progresismo pierde, entonces “ya se había advertido” que habría fraude. Si pierde Iván Cepeda o el candidato de continuidad, no sería expresión de desgaste político, cansancio social o rechazo ciudadano, sino supuesta manipulación institucional.
Ese relato no busca probar técnicamente nada. Busca algo mucho más poderoso: sembrar emocionalmente la duda.
Porque cuando millones de personas son convencidas de que las reglas ya no valen, cualquier resultado adverso deja de verse como democracia y empieza a verse como agresión.
Y allí aparece el combustible de la confrontación.
Colombia ya vive un ambiente de polarización creciente. El lenguaje político se ha militarizado. Los adversarios dejaron de ser contradictores y pasaron a ser enemigos existenciales. Las redes sociales funcionan como trincheras ideológicas. La sospecha reemplaza el debate. La rabia reemplaza la razón.
En ese ambiente, desconocer preventivamente la legitimidad electoral es jugar con fuego sobre un país lleno de gasolina social acumulada.
La democracia no muere el día de las elecciones. Muere el día en que una parte de la sociedad decide que solo aceptará la democracia si gana.
Y ese es el punto más delicado de este momento histórico.
Si las fuerzas de derecha y centro-derecha terminan convergiendo electoralmente y derrotan al proyecto de continuidad del actual gobierno, el gran desafío no será tecnológico ni jurídico. Será institucional y cultural: aceptar el resultado.
Porque si desde ahora se instala la idea de que la derrota equivaldrá automáticamente a fraude, entonces el país corre el riesgo de entrar en una etapa extremadamente peligrosa de desobediencia emocional frente a las instituciones.
No hay software capaz de salvar una democracia cuando la dirigencia política destruye deliberadamente la confianza pública en las reglas comunes.
La tragedia venezolana comenzó mucho antes del colapso económico. Empezó cuando las instituciones dejaron de ser árbitros y pasaron a ser botines ideológicos.
Colombia todavía está a tiempo de evitar ese camino.
Pero el reloj institucional ya empezó a correr.