En días de campaña presidencial surge siempre una de las mayores preocupaciones del país: las desigualdades entre sus regiones. La votación de los dos principales contendores en la última jornada refleja con precisión el patrón centro-periferia del desarrollo nacional, con la excepción de Bogotá. Esa polarización regional en la economía colombiana no siempre ha sido así y se encuentran periodos convergentes y divergentes.
En la primera mitad del siglo XX, Colombia experimentó una convergencia en el ingreso por habitante de las entidades territoriales. Esto fue posible por las inversiones en ferrocarriles y carreteras registradas entre las décadas de 1920 y 1940. Gracias a los recursos externos recibidos por la indemnización de Panamá y el acceso a créditos externos, se pudieron realizar estas inversiones en infraestructura. Eso permitió la mayor integración entre las distintas regiones y se ha encontrado que, por ejemplo, los precios de productos básicos tendieron a converger durante esos años.
El país terminó la primera mitad del siglo XX con un desarrollo económico distribuido en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, sin grandes diferencias en población y en la economía entre ellas.
En la segunda mitad del siglo XX ese esquema cambió. La política de sustitución de importaciones fomentó el desarrollo de algunos sectores industriales. En la medida en que esas industrias estaban localizadas en ciertas regiones, la protección favoreció el progreso de esos territorios. Al cerrar la economía, las zonas costeras perdieron importancia por el menor comercio exterior, el cual se mueve por los puertos de esas regiones.
Además, el aumento del tamaño del Estado colombiano permitió el ascenso de Bogotá, que centralizó gran parte del mayor gasto público. A su vez, la capital nacional concentraba una alta población con elevados ingresos que demandaba los productos industriales. Esto llevó a que las industrias fomentadas por el Estado tendieran a ubicarse cerca del distrito capital.
La descentralización política y fiscal, iniciada en los 1980 y profundizada por la Constitución Política de 1991, ayudó a la convergencia en los ingresos y los gastos fiscales por habitante entre municipios y departamentos, especialmente en los sectores de educación y salud. Esto permitió que, a pesar de la polarización en la producción económica, se cerraran las brechas en las coberturas en educación y salud.
Sin embargo, aún hay diferencias en la calidad de los bienes públicos provistos en las distintas entidades territoriales. Permanece el patrón en el cual los territorios del centro del país logran mejores condiciones de vida que aquellos ubicados en la periferia. Reducir esas brechas requiere políticas públicas que promuevan la convergencia regional.