Fueron múltiples los intentos del actual gobierno por promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de superar el supuesto “bloqueo institucional”, atribuido al Congreso de la República y a las altas cortes, por el hecho de ser deliberantes y ejercer a plenitud sus funciones y competencias. Bien dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, cuando en respuesta al alegato del Gobierno afirmó que “eso que llaman bloqueo institucional es el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes”, esto es al sistema de frenos y contrapesos, evitando la concentración de poder en el Ejecutivo.
La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido y sigue siendo la bandera del Partido de gobierno, el Pacto Histórico, y desde luego de su candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, así este, tácticamente la condicionara al Acuerdo Nacional que le sirve de señuelo para atraer a otros sectores del centro de la política, como ya lo hizo Gustavo Petro hace cuatro años, cuando pasó a la segunda vuelta gracias a este as que sacó de la manga, para después ponerles conejo.
El fantasma de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente persiste, como nos lo recordó el 1 de mayo el candidato Cepeda, cuando afirmó en la Plaza de Bolívar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente..., ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”. A última hora, después del revés de la candidatura de Cepeda en primera vuelta, añagaza con desistir de su cometido de convocarla, más que como estrategia, como estratagema electoral para embaucar incautos y atraer al esquivo centro político para la segunda vuelta. Lo dijo el presidente Petro, dicha convocatoria se “suspende”, no se descarta.
El voto ganadero es... por el campo y la paz
José Félix Lafaurie Rivera*La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia resulta a todas luces inconveniente en las actuales circunstancias políticas, económicas e institucionales del país. La Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso nacional, dotó a Colombia de un robusto Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, amplió los derechos fundamentales y creó mecanismos de participación ciudadana que aún conservan plena vigencia.
Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva. La inseguridad, la crisis fiscal, la pobreza, la informalidad laboral, la corrupción y la debilidad institucional no se solucionan cambiando las reglas de juego, sino garantizando su aplicación y fortaleciendo las instituciones existentes.
No podemos caer en lo que el exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez no duda en catalogar como fetichismo constitucional, un espejismo que lleva a crear la ilusión de que los problemas del país pueden resolverse mágicamente mediante cambios de la Constitución o de Constitución, como ahora se pretende.
Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente desborde sus competencias iniciales, como ya sucedió en el pasado. Ello puede terminar concentrando excesivo poder en el Ejecutivo, alterando el equilibrio entre los poderes públicos y debilitando los controles democráticos.
La Constitución de 1991 estableció precisamente un sistema de pesos y contrapesos, justamente para evitar la concentración del poder y preservar las libertades ciudadanas. De prosperar la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ello puede dar pábulo para pasar del régimen presidencialista actual a otro de absolutismo presidencial.