El viernes pasado el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena, una tarea pendiente que la ciudad tenía desde hace 19 años, cuando desde la Ley 1185 de 2008 se establecía la obligación de que toda declaratoria de Bien de Interés Cultural (BIC) debía expedir un PEMP y el Centro Histórico tenía esa condición desde 1959, y más recientemente desde 1984, cuando la Unesco la declara Patrimonio de la Humanidad. Al margen de esta columna sería muy interesante que una entidad independiente y con solvencia profesional y ética estableciera por qué la ciudad se demoró 19 años en lograr la aprobación del PEMP del Centro Histórico, y en especial identificar cuáles fueron los efectos o consecuencias de esa negligencia o incapacidad, para tratar de establecer las acciones urgentes a acometer para detener todo lo que se ha perdido, en especial en garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de nuestro rico patrimonio material, o como dicen con alguna razón algunos expertos, para tratar de salvar lo poco que queda de original y autentico.
Conviene destacar el compromiso desde la Alcaldía por responder a ese reto que la ciudad tenía con su Centro Histórico, que deberá acompasarse con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que confiemos sea entregado pronto a las instancias competentes para su aprobación y que, a su vez, complemente los instrumentos legales para poder garantizar la protección en el tiempo de todos nuestros recursos culturales.
La aprobación del PEMP del Centro Histórico complementa, de alguna forma, otros instrumentos que ya se han aprobado los últimos años, como el PEMP del Cordón Amurallado y el Castillo San Felipe de Barajas, el PEMP del Paisaje Cultural Fortificado de la Bahía de Cartagena, el PEMP del sector privado, conformado por el Club Cartagena y el Claustro de San Francisco, los cuales, de acuerdo con el Decreto 2358 de 2019, deben explícitamente coordinarse y articularse cuando coinciden en un mismo territorio. Uno de los objetivos de esa obligatoriedad radica en la necesidad de romper la división histórica entre el patrimonio tangible y el intangible.
Ya se aprobaron los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) para las manifestaciones culturales de carácter inmaterial, como Ángeles Somos, las Manifestaciones Asociadas a la Champeta y la Vida de Barrio de Getsemaní, que este viernes recibirán sus postulantes la respectiva resolución del Ministerio de las Culturas. Se ha cumplido un ciclo valioso, pero ahora viene tal vez lo más complejo y delicado, y es garantizar la sostenibilidad, la conservación y la mejor implementación de los PES y de los PEMP. Si en estas herramientas no se involucra al sector privado y mixto, y en especial a las comunidades, a los dolientes y residentes, los resultados no van a ser los deseados o por lo menos lo que el espíritu de las leyes contempla.
*Sociólogo.