América Latina registra en 2026 un promedio de apenas 42 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Colombia cayó siete posiciones en un solo año, pasando del puesto 92 al 99. Las reformas tributarias, los estatutos anticorrupción y los discursos de campaña han demostrado ser insuficientes. La pregunta ya no es cuántas leyes se aprueban: es si el Estado sabe a dónde va el dinero que entrega.
Un continente atacado por la corrupción
El IPC 2025, publicado el 10 de febrero de 2026 por Transparencia Internacional, revela que 12 de los 33 países del continente americano han empeorado considerablemente desde 2012. El deterioro no distingue ideologías: México obtiene 27 puntos, Brasil 35, Colombia 37 y Perú 30. En el extremo opuesto, Venezuela registra apenas 10 puntos, reflejo de una corrupción que, según el mismo informe, ha disparado la pobreza y la desnutrición en ese país. Uruguay (73) y Chile (63) lideran las mejores percepciones de la región, pero tampoco escapan al avance del crimen organizado vinculado a redes de corrupción. Entre más bajo es el puntaje, más atrapado por la corrupción está el país.
Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, lo sintetizó con claridad “Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda”. Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, que hoy penetra la contratación pública en toda la región.
El costo real de la corrupción en Colombia
En Colombia el problema tiene cifras concretas. Según la Radiografía de Hechos de Corrupción 2016-2022, elaborada por Transparencia por Colombia y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y publicada en junio de 2024, entre 2016 y 2022 se documentaron 1.243 casos de corrupción y se perdieron más de $21,28 billones de pesos comprobados, aunque $137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos asociados a contratos, obras o servicios. El fenómeno afectó directamente a 14,5 millones de personas, siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo más perjudicado.
Por su parte, la Contraloría General de la República identificó, al corte de julio de 2023, un total de 1.753 obras inconclusas, elefantes blancos y proyectos críticos en todo el país, con un valor acumulado de $15,2 billones.
La Rendición de Cuentas 2025 de la Contraloría General, presentada en diciembre de 2025 por el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra: reveló que la entidad tiene abiertos 4.698 procesos de responsabilidad fiscal con un presunto daño patrimonial al Estado de $21,56 billones, además de 2.950 procesos de cobro coactivo por $8,79 billones. En el primer semestre de 2025, su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) emitió 395 alertas tempranas con riesgos de pérdida identificados en $15,9 billones, y caracterizó 1.769 proyectos con deficiencias por un valor de $63,28 billones. Transparencia por Colombia documentó, por su parte, que los fondos extrapresupuestales acumulan más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional de 2025, con transparencia insuficiente al operar bajo parámetros de régimen privado.
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro ilustra la persistencia del problema, direccionamiento de contratos, desvío de recursos públicos e involucramiento de congresistas y funcionarios de alto nivel.
La propuesta: un Sistema de Trazabilidad Anticorrupción
Frente a este diagnóstico, la discusión no puede limitarse a sanciones penales o al nombramiento de nuevos funcionarios. Se requiere una reforma estructural que cambie el modo de operar de la contratación pública. Colombia ya cuenta con tres sistemas normativos de gestión del riesgo: el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), el SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y el SIGRIP (Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública).
El problema es estructural, los tres sistemas operan en compartimentos aislados. El SARLAFT cuida el canal bancario, pero no a la empresa que recibe el contrato. El SAGRILAFT cubre a esa empresa en su relación con el mercado privado, pero no le exige trazabilidad sobre los recursos públicos que recibe. El SIGRIP rige al interior de la entidad estatal que contrata, pero no alcanza a ningún subcontratista. El resultado es que el dinero público puede abandonar legalmente el Estado y desvanecerse sin dejar rastro en la red de quienes lo ejecutan.
El SARCLAP: la propuesta que puede cerrar el vacío
El SARCLAP-Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos Provenientes del Sector Público, se concibe como el complemento obligado de SARLAFT, SAGRILAFT y SIGRIP, específicamente diseñado para gestionar el riesgo de corrupción en la cadena completa de la contratación estatal, desde la entidad pública contratante hasta el último subcontratista donde se ejecutan los recursos. Su objeto no es el lavado de activos en general, sino el desvío de recursos de origen público.
Su instrumento no sería una nueva entidad, sino la interoperabilidad de plataformas ya existentes: DIAN, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Colombia Compra Eficiente y el SECOP, mediante un decreto reglamentario que asigne funciones de supervisión conjunta a la Contraloría General, la DIAN y la Superintendencia de Sociedades.
El SARCLAP operaría sobre cuatro pilares:
Primero, registro y certificación obligatoria. Toda empresa que pretenda contratar con el Estado deberá obtener certificación ante un sistema interoperable entre la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la DIAN. Este registro incluirá la estructura corporativa real, la identificación de beneficiarios finales, el historial tributario y la verificación en listas restrictivas de la UIAF. Las entidades financieras participantes quedarán también sujetas al SARLAFT, garantizando que ningún flujo de dinero público transite por canales sin trazabilidad.
Segundo, transparencia obligatoria de la cadena de subcontratación. Cada contratista registrará ante una Unidad de Registros Contractuales a todos sus proveedores y subcontratistas, quienes también deberán cumplir requisitos de certificación. Las operaciones entre eslabones de la cadena deberán estar respaldadas por presupuestos previamente publicados en el SECOP, haciendo inviable el desvío a través de empresas pantalla.
Tercero, prohibición absoluta de pagos en efectivo. Ningún pago derivado de un contrato con el Estado podrá realizarse en efectivo. Todas las transacciones deberán efectuarse mediante transferencias bancarias trazables, con registro simultáneo ante la DIAN y en el libro de contratos del Estado. Esta medida elimina el principal mecanismo de extracción de recursos: el pago en efectivo a subcontratistas inexistentes.
Cuarto, libro de registro diario de ejecución contractual de acceso público. Cada contrato estatal contará con un libro de registro de operaciones diarias, en el que se reporten todas las transacciones ejecutadas con sus proveedores certificados, en tiempo real y de acceso abierto a la ciudadanía, organismos de control y medios de comunicación. Así como el SIGRIP obliga a las entidades públicas a gestionar sus riesgos de integridad hacia adentro, el SARCLAP lo haría hacia afuera, sobre toda la cadena de ejecución del gasto público.
La corrupción se combate con una arquitectura institucional
El problema de fondo en Latinoamérica no es la ausencia de leyes anticorrupción, Colombia tiene decenas de ellas, sino la ausencia de arquitectura institucional que haga que los recursos públicos sean rastreables desde que salen del Tesoro hasta que se convierten en obra o servicio. El país necesita un sistema que cierre los vacíos, no un nuevo estatuto que se acumule fracasos sobre los anteriores.