El Clan del Golfo anunció que dejará de cobrar el denominado “impuesto de guerra” a comerciantes de varios municipios de Antioquia y Córdoba durante tres meses. La medida estará vigente entre el 10 de julio y el 10 de octubre, según informó el grupo armado en un comunicado.
En el documento, el grupo también expresó un reconocimiento a los países que han participado como mediadores y a las entidades acompañantes del proceso. “Esta decisión constituye un gesto tangible de buena voluntad al presidente electo Dr. Abelardo Gabriel De La Espriella Otero”, indicó el comunicado.
¿Por qué el Clan del Golfo suspendió el cobro de extorsiones?
La organización señaló que la decisión constituye un “gesto de buena voluntad” dirigido al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien recientemente recibió la acreditación oficial como próximo mandatario del país. Lea: Clan del Golfo envía carta a Abelardo De la Espriella: propone condiciones de diálogo

El pronunciamiento también menciona a los países mediadores, entre ellos España, Noruega, Suiza y Qatar, así como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias, a quienes agradeció por su papel en el proceso de mediación.
El anuncio del Clan del Golfo se conoce después del mensaje que el presidente electo dirigió a las organizaciones armadas y criminales al recibir el documento que lo acredita para asumir la Presidencia de la República. Le puede interesar: La contundente orden de Gustavo Petro contra Iván Mordisco antes de dejar la Presidencia
En esa intervención, De la Espriella lanzó un ultimátum a los grupos al margen de la ley y les pidió avanzar hacia un sometimiento ante las autoridades. “A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho”, afirmó.
El comunicado del grupo armado es interpretado como una respuesta a ese llamado del presidente electo, al anunciar la suspensión temporal del cobro extorsivo a comerciantes en municipios de Antioquia y Córdoba entre julio y octubre.

